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3 agosto 2018
Asturias
Un juez abre la vía para denunciar a Fomento por no arreglar las cercanías
Le recuerda su deber de evitar el deterioro de la red y le condena a pagar a una clienta de Feve por un descarrilamiento que sufrió en Cantabria
Cada día laborable las cercanías de ancho métrico (el asociado a Feve) despachan en Asturias 7.408 billetes a clientes que viajan por una red de cuyo riesgo hablan los cinco descarrilamientos registrados en los últimos ocho meses, y que venía siendo advertido por los técnicos del Ministerio de Fomento. Un informe del pasado noviembre reconocía el «riesgo alto» de desprendimiento en siete trincheras, medio-alto en 24 y medio en 15. También apreciaba la existencia de 20 terraplenes «registrados como críticos». Había 15 túneles que «requieren actuaciones de reparación urgente» y 14 puentes con daños estructurales y de «urgente reparación». Son parte de los males que justificaron la elaboración de un Plan de Cercanías 2017-2025 con más de 600 millones de inversión programada.
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 acaba de dictar una sentencia según la cual evitar estos peligros no es una cuestión sujeta a la voluntad política, sino una obligación de la administración. Si no la cumple, queda expuesta a ser demandada por los daños que sucedan. El caso que aquilata esta jurisprudencia tiene a una usuaria de Feve como protagonista.
La viajera iba de Santander a Cabezón de la Sal, en abril de 2013, cuando a media tarde, en uno de esos tramos de vía estrecha encajonados entre una ladera y un río, la montaña argayó, provocando el descarrilamiento del convoy. Hubo once heridos. La mujer estuvo nueve días hospitalizada, 111 de baja y 55 con molestias. Además requirió atención fisioterapéutica y ayuda domiciliaria. Pidió una compensación de 14.596,96 euros. Adif, la empresa del Ministerio de Fomento y encargada de las vías, rechazó la pretensión, aduciendo que el desprendimiento se produjo por lluvias, una causa mayor contra la que nada podía hacer. Para cubrirse, añadió que antes del argayo las brigadas de conservación revisaron dos veces el lugar sin alertar de un riesgo inminente. La viajera no se resignó y llevó el asunto a los tribunales.
A la hora de resolver el conflicto, el magistrado-juez José Damián Iranzo pone el acento en los informes emitidos por los geólogos tras el argayo y en las deficiencias que encontraron en el lugar. En uno de los trabajos plantean reforzar el talud con una malla de acero galvanizado pero reconociendo que ese material ya estaba dispuesto antes del argayo, «si bien se aprecia que se encuentra en mal estado, siendo conveniente su reparación». Esa era la situación en un talud cuya coronación los técnicos describen con «un perfil irregular, en contrapendiente, debido a la acción de fenómenos erosivos, actuando sobre zonas de degradación diferencial».
Era pues una zona predispuesta al derrumbe, donde fallaba la malla instalada. La sentencia recuerda al respecto que «la administración tenía la obligación de realizar actuaciones o impedir un estado de cosas tal que pudiera propiciar el desprendimiento que finalmente tuvo lugar, con la consiguiente causación del siniestro ferroviario». La lluvia existió, pero no es determinante dado «el deterioro paulatino de las medidas dispuestas para evitar los desprendimientos».
La sentencia establece que en estas situaciones, y dado que se produjo un daño verificable en la recurrente, la administración tiene la responsabilidad patrimonial de compensarle y no puede escudarse en la lluvia.
Cinco accidentes en 8 meses
En Asturias el acusado deterioro de la red de ancho métrico viene dando avisos, por ahora sin víctimas. Solo en los últimos ocho meses se cuentan cinco descarrilamientos. El domingo fue un cercanías en El Entrego, con cuatro viajeros que resultaron ilesos. En marzo un argayo expulsó de la vía a un tren que circulaba cerca de Arriondas, por fortuna, sin llegar a volcarlo sobre el río inmediato. En enero otra unidad descarriló entre Trubia y Grado tras colisionar con unas vacas y otro tren perdió el control al salir de un túnel de Parres. En noviembre el desplome fue de nuevo en El Entrego, con resultado también de descarrilamiento.
La modernización de la red pasa por ejecutar el citado plan de cercanías, programa que incluye actuaciones para duplicar vía y lograr más y mejores trenes, pero que también identifica obras necesarias por cuestiones de seguridad. En uno de los borradores del plan se llegaron a clasificar 51 actuaciones como de «alta prioridad». Materializarlas requiere de una inyección de 192 millones.
