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30 junio 2016
El déficit del Metro llegará a 2,3 millones el primer año
El consejero asegura que la deuda se verá reducida 1,3 millones antes de 2020, cantidad a repartir entre la Junta y los ayuntamientos
E. PRESS SEVILLA | ACTUALIZADO 30.06.2016 - 01:00
El Metro de Granada en pruebas, a su paso por la capital.
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, señaló ayer que la diferencia entre el coste de explotación y el volumen de ingresos para el primer año una vez entre en funcionamiento, "antes de final de año", el Metro de Granada será de 2,3 millones de euros, si bien para 2020 se vería reducido a 1,3 millones, cantidad que "se repartiría entre la Junta y los ayuntamientos en proporción a la población". Así lo señaló en comisión parlamentaria, donde ha precisado que la estimación de usuarios, tras la experiencia de los metros de Sevilla y Málaga, para el primer año asciende a 11,5 millones y para el cuarto año, a 14 millones de viajeros.
De igual manera, el consejero resaltó la transparencia en los datos económicos de este proyecto e instó a "todo el que quiera" a analizarlos. "Está claro por todos lados, quien quiera tiene acceso y podrá ver en qué se ha gastado del primero al último euro" y subrayó que "se puede intentar criticar, pero no dejar en el aire una duda maliciosa sobre si estamos haciendo un ejercicio carente de transparencia".
Felipe López recordó el acuerdo alcanzado entre la Junta y los ayuntamientos granadinos de Albolote, Maracena y Armilla para flexibilizar el calendario de pago de su participación en la inversión el Metro -en la línea de lo acordado con anterioridad con el consistorio de la capital granadina-. Tras este acuerdo, estos tres municipios se beneficiarán de un nuevo calendario de pago de la aportación municipal al Metro, que se extenderá a un plazo de 30 años a partir de 2018, una vez hayan concluido las retenciones por las liquidaciones ya practicadas a los cuatro consistorios por las certificaciones de obra del periodo 2007-2011, que ascendían a 11,9 millones de euros.
Así, a partir de 2018 y hasta 2048, los municipios aportarán su participación por el resto de la inversión, es decir, las cuantías correspondientes por las certificaciones entre 2012 y la finalización de la obra, prevista este año.
De acuerdo al convenio en vigor, los municipios, que aportan el 17 por ciento de la inversión en esta infraestructura (distribuido entre las cuatro administraciones locales en función de su peso poblacional) descontado el importe del material móvil, tendría que haber iniciado el pago a partir del inicio de la construcción del Metro, en 2007, y haber ingresado un tercio de esta cuantía en la fase de obra. Los dos tercios restantes se programaban durante un período de 30 años a partir de la finalización de la obra. La inversión real prevista del metropolitano, es decir, excluyendo material móvil, gastos de pre-explotación, tributos e intereses financieros, se eleva a 450 millones de euros, cuantía sobre la que se pondera la participación de los municipios. Ese 17% de la inversión real se desglosa entre un 82,9% de la capital; un 6% de Maracena; un 5,90% de Armilla, y un 5,17% en el caso de Albolote. El 83% restante corresponde a la Consejería de Fomento.
Por su parte, el diputado por Ciudadanos Carlos Hernández White saludó la noticia de la entrada en funcionamiento del Metro para finales de año y valoró el acuerdo entre las diferentes instituciones, del "mismo signo político", ya que es "algo que no ha ocurrido en el caso de Málaga", por lo que exigió "no hacer de estos proyectos un campo de enfrentamiento político". Al hilo de esto, el consejero del ramo destacó que el consenso está por encima de circunstancias y color del Ayuntamiento. "Se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Granada cuando estaba el PP y también cuando estaba el PSOE", apuntó.
Por otra parte, la diputada de Podemos María del Carmen Molina valoró que este proyecto no haya contado con "los agujeros negros de déficit y sobrecoste" de los de Málaga y Sevilla y que la Junta se haga cargo del 83% teniendo en cuenta las dificultades económicas de los ayuntamientos". Molina, que no dudó sobre la rentabilidad social del Metro en Granada, sí cuestionó la rentabilidad económica y preguntó por cuál sería la cifra de usuarios necesarios para alcanzar esta rentabilidad.
Por su parte, la diputada del PP-A Vanesa García criticó la actitud "sumisa y obediente" de los cuatro alcaldes de Granada a la Junta y consideró que "era razonable" la flexibilización de los pagos de estos para que empezaran a contar los 30 años a partir de 2018. No obstante, lamentó que a estos ayuntamientos se les haya retenido una parte de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía "sin que vieran ni una sola certificación de las obras".
