• Juez y fiscal rechazan diligencias pedidas por víctimas de Angrois
• La Audiencia retira por segunda vez los cargos contra Adif por Angrois

DAVID REINERO Santiago 19 DIC 2014 - 17:13 CET

El nuevo juez instructor del accidente de Angrois, Andrés Lago, ha requerido a los seis peritos que analizan el siniestro para que le entreguen sus “informes definitivos” antes del 31 de enero. Lo hace en varios autos en los que vuelve a desestimar las peticiones de abogados de víctimas y del maquinista del tren, Francisco José Garzón, único imputado, para que practique nuevas diligencias y tomas de declaración. Sobre la pertinencia de esas peticiones, dice el juez, decidirá cuando los peritos le entreguen sus conclusiones.

El juez, como ya argumentó en autos anteriores, insiste en que la ley reconoce a las partes “el derecho a proponer diligencias de investigación, pero no el derecho a exigir del instructor que todas ellas se practiquen, y menos aún a decidir cuándo”. Por ello, recuerda que “las diligencias de investigación que se proponen no fueron desestimadas; tan solo se difiere la decisión sobre su utilidad y pertinencia al momento en que dispongamos de los informes periciales definitivos”.

La petición de que declaren en la causa una docena de personas, cargos de Renfe supuestos conocedores de una alerta previa sobre el riesgo de la curva de Angrois y responsables europeos del sistema de control constante de la velocidad de los trenes (ERTMS), que estaba desconectado y que por lo tanto no pudo evitar el despiste y el exceso de velocidad del maquinista, fue secundada tanto por las dos asociaciones de víctimas del accidente como por el abogado de Garzón. Desde el principio de la instrucción ambas partes insisten en que el maquinista no es el único responsable del accidente que causó 79 muertos y que hay que investigar el papel de Adif y Renfe, empresas públicas gestoras de las vías y el tren. Ahora el juez Lago muestra su sorpresa por la coincidencia de los intereses de ambos a la hora de recurrir contra su decisión de no practicar aún las declaraciones que le piden. “Lo primero que llama la atención en este caso es cómo pueden vulnerarse, a la vez, los derechos e intereses legítimos de la defensa y de la acusación”, dice el juez.

Para agilizar su decisión sobre esas peticiones, el juez urge en su auto a los peritos a que entreguen su trabajo. “Toda vez que no han sido aportados tales informes, habiendo ya vencido el plazo inicialmente conferido, al objeto de evitar dilaciones indebidas, se ha de requerir por última vez a los peritos judiciales para que, antes del 31 de enero de 2015, aporten a los autos sus informes finales, momento en que las partes podrán reproducir su petición de práctica de diligencias si lo consideran necesario o conveniente para sus intereses”, dice el juez.

El juez Lago emitió su auto el jueves 18, aunque llegó a las partes hoy viernes. Un día antes, el miércoles 17, uno de los peritos le había pedido que ampliase hasta la primera semana de febrero el plazo para entregar su informe por el retraso sufrido por las mediciones topográficas de la vía que había encargado y por “la dificultad de contrastar documentación técnica de Adif y Renfe al encontrarse los técnicos de las mismas en periodo vacacional”. Igualmente, el pasado lunes 15 el abogado del maquinista pidió que el juzgado solicite los documentos de validación del tren eléctrico Talgo S130 a partir del que se creó el Alvia eléctrico-diésel S730 siniestrado en Angrois. El letrado dice que “no basta con limitarse a citar si existen permisos o no [para el S130], sino que además, es obligatorio determinar si los permisos o autorizaciones que se han otorgado cumplen con el proceso exigido legalmente (…) y después determinar si el proceso de modificación [para crear el S730] era o no el adecuado o las modificaciones eran tan significativas que se debió certificar como tren nuevo”. El juzgado informó ayer a las partes de que daba por presentadas ambas peticiones, pero el juez aún no se ha pronunciado sobre ellas.

En sus peritajes provisionales, emitidos la pasada primavera, varios de los expertos detectaron diversas deficiencias relacionadas con la señalización y las medidas de seguridad de la línea Ourense-Santiago en que se produjo el accidente, en la que ningunos de los sistemas instalados pudo paliar el despiste del maquinista. Basándose en esos informes provisionales, el primer instructor de la causa, el juez Luis Aláez, imputó a una docena de exdirectivos de Adif. La Audiencia Provincial de A Coruña, sin embargo, les levantó la imputación por considerar que el juez carecía de pruebas suficientes.