El pasado lunes, cuando estaba todo listo para registrar el pacto final de operación Chamartín, la situación estuvo a punto de volver a darse la vuelta por el retraso en la llegada de un documento de Adif, empresa dependiente del Ministerio de Fomento que, desde hace meses, mantiene un pulso soterrado con Distrito Castellana Norte (DCN), promotora del desarrollo participada por BBVA y Grupo San José.
Las diferencias entre las dos partes se remontan a hace más de un año, finales de 2016, cuando acordaron prorrogar por dos años el convenio que otorga a la compañía los derechos sobre los terrenos del gestor ferroviario. Entonces, se decidió modificar la fórmula de pago de los 984 millones de euros más intereses pactada hasta entonces, que pasó de contemplar un desembolso único a otro a lo largo de dos décadas.
Pero, además, se puso sobre la mesa la necesidad de que Adif compensara a DCN por el recorte de edificabilidad que, necesariamente, iban a tener que aceptar si querían sacar adelante el proyecto bajo el Gobierno de Ahora Madrid. "Si la superficie edificable baja de 3,37 a 2,66 millones de metros cuadrados, una de dos, o pago menos dinero o me compensas de alguna manera", vino a decirle Antonio Béjar, presidente de DCN, a Juan Bravo, su homólogo en Adif.
Ruth Ugalde
El último gran escollo que falta por resolver es cómo hacer rentable la compra de los terrenos de Adif cuando el ayuntamiento ha vetado que pueda promoverse sobre las vías, como estaba previsto
Proyecto definitivo de Madrid Nuevo Norte. (Operación Chamartín)
