«En España no hay negocio, así de claro». Es lo que concluyen fuentes autorizadas del sector a la vista de la evolución de las cifras de licitación pública, que confirman una aceleración en el recorte del dinero que las distintas administraciones (central, autonómica y local) destinan cada año a sus obras, tanto de carácter civil como edificaciones. Tanto es así que en los dos últimos ejercicios estas inversiones han caído más de un 45% anual, un ritmo de ajuste que se mantiene también en este comienzo de 2013.

Los grandes proyectos de infraestructuras, que parecían sucederse sin apenas límites durante la anterior época de bonanza, han quedado aparcados salvo excepciones -como la construcción de varias líneas ferroviarias de alta velocidad (AVE)-. El problema es que ahora también empiezan a verse seriamente afectados los proyectos medianos, mientras que en los pequeños se está primando lo «indispensable».

Y es que si en los años anteriores a la crisis (2004-2006) la licitación pública aumentaba a niveles anuales del 22% -hasta su tope de 46.701,3 millones de euros en un solo ejercicio-, en 2007, a las puertas del inicio de aquella, el parón ya se dejaba notar (-1,1%). Lo que nadie podía suponer entonces es que fuera el anticipo de una serie de caídas encadenadas (-1,3% en 2008 y -1,8% en 2009), que en el último trienio tornaron en una verdadera entrada en barrena para la inversión en obras públicas en España: -3,3% en 2010, -47,9% en 2011 y -46% en 2012.

Tomados solo los últimos cinco años, es decir, lo que sería propiamente la crisis económica, el desplome de estas inversiones alcanza el 81,7%, es decir, casi 33.000 millones menos. Y es que los 7.377,9 millones en licitaciones con los que se cerró 2012 -apenas el 0,8% del Producto Interior Bruto, nivel desconocido desde 1979- poco tienen que ver con los 40.354,7 millones que el sector tenía a su alcance en 2007.

Fue el Estado el primero en meter la tijera a gran escala, pero la poda se extiende ya a todos los niveles. Según las últimas cifras que maneja la patronal de las grandes constructoras, SEOPAN, las comunidades autónomas recortaron un -38,4% sus licitaciones hasta los 2.197,1 millones -las más austeras respecto a 2011 fueron Asturias, Castilla y León, Cantabria, Aragón y Navarra, con descensos superiores al 70%-, mientras que ayuntamientos, diputaciones provinciales y cabildos lo hicieron un -30% (2.531,7 millones). No obstante, el mayor ajuste lo volvió a registrar la administración general (sobre todo, el Ministerio de Fomento): un -59,1%, con un peso en estas inversiones (2.648 millones el año pasado) ya equiparable al de las administraciones territoriales.

Ferrocarril y carreteras

Las obras del AVE puestas en marcha por el Gobierno anterior y mantenidas por el actual -aunque su ritmo se ha ralentizado- explican que el mayor volumen de licitaciones se produjera en los transportes (el 41%), sobre todo en ferrocarriles (1.760,4 millones) y carreteras (1.008,1 millones), si bien en ambos casos con un recorte del 51% respecto al ejercicio anterior. No fueron los únicos tijeretazos, de los que solo se salvó la partida para los puertos (+4,4%). En cualquier caso, siete de cada 10 euros invertidos por las administraciones en infraestructuras todavía se destinan a obra civil.

Tan importante es esta para la «subsistencia» de muchas empresas del sector que, si no se mantienen unos niveles «adecuados» de inversión, «seguiremos sin crecer (la economía española) ni crear empleo», advierte el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Juan Lazcano. Por ello, plantea la necesidad de abordar un crédito extraordinario (con cargo a los Presupuestos del Estado) que complemente en unos 5.000 millones (0,5% del PIB) la inversión anual prevista en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), aprobado por el Gobierno para el período 2012-2024 con una previsión base de 136.627 millones de euros (0,80% del PIB de promedio por año).

Pero esas previsiones de gasto no se están cumpliendo, denuncia Lazcano, y la amenaza de más despidos se cierne sobre el sector (que solo mantiene un tercio de los asalariados que tenía al principio de la crisis). Mira con envidia los valores de inversión de hace apenas siete años (2,5%-3% del PIB), aunque el Gobierno ya ha dejado claro que no contempla recuperarlos «en ningún escenario» -sí estudiará, no obstante, nuevos peajes o tasas por usos de infraestructuras, como pide el sector-. Su conclusión es rotunda:«el Gobierno parece haber abandonado a la construcción a su suerte, mientras ésta se encamina hacia el abismo».

El sector busca fuera lo que pierde en España

Con los acreedores -sobre todo bancos y algún accionista de cierto peso que ha visto mermada su fortuna- promoviendo un nuevo baile de fusiones entre constructoras y el mercado nacional muy reducido en sus posibilidades -rehabilitación y eficiencia energética en la edificación, tratamiento de aguas y mantenimiento de carreteras (ligado a la posibilidad de arbitrar alguna nueva tasa)-, el sector trata de buscar fuera lo que ya difícilmente podrá obtener dentro de España, no solo a corto sino también a medio plazo.

El problema en este ámbito es para las pequeñas y medianas empresas (pymes) -apunta Juan Lazcano desde la CNC-, puesto que las grandes -las ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, Sacyr... ya han puesto sus miras en proyectos multimillonarios en Arabia Saudí, Brasil y algunos estados de EE UU- tienen «sobrada experiencia» en este campo. Para aquellas, explica, la internacionalización «no es precisamente fácil», lo que se ha agravado en los últimos años porque la falta de actividad en España «hace que nuestras compañías pierdan referencias» (por no hacer obras al caer las licitaciones) y «su currículum vaya envejeciendo», lo que les penaliza a la hora de acudir a concursos internacionales y, a su vez, les genera problemas para obtener avales.

Es la pescadilla que se muerde la cola, pues ni las administraciones -con los ajustes- pueden mantener sus niveles de inversión, siquiera año a año, ni las empresas obtienen financiación suficiente (bancaria o en los mercados). Por ello, también las concesiones -donde la inversión es fundamentalmente privada, y luego se resarce con la explotación de la infraestructura- han caído de forma drástica con la crisis: un 92,9% desde 2007, para terminar el año pasado con apenas 686 millones de euros.

El Gobierno, visto el panorama interior y consciente del peso creciente del negocio exterrior en la cartera de las grandes constructoras, está ultimando -a través de los Ministerios de Fomento y de Economía- distintas fórmulas para avalar a las empresas en concursos internacionales, donde además se están rechazando garantías de bancos españoles. El sector logró en 2012 contratos en el extranjero por más de 23.000 millones, de los que el 40% fueron concesiones, «claramente más rentables que las españolas en bastantes casos», apuntan desde algunas de las grandes firmas.