El incidente del tranvía que afectó a miles de zaragozanos el pasado día 14 en las fiestas del Pilar, cortando la línea durante siete horas, apenas le generó críticas ayer a la responsable de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas. La oposición ayer dio por buena su explicación de lo ocurrido, y todo se achacó a la «fatalidad» de una avería múltiple que pocas veces ocurre y sucederá, y con un descarrilamiento en Gran Vía que se ha concluido achacándolo a un «fallo humano» en una maniobra en la que influyó el cambio de agujas de la vía que sirve para hacer el cambio de sentido.

Solo el plan de contingencia está en cuestión, por cómo se reaccionó ante esta «excepcional» incidencia en la que no se siguió nal pie de la letra lo que el actual marca porque, según la concejala, habría supuesto un grave perjuicio a seis de las líneas de bus más utilizadas. En ellas circulan los vehículos articulados que este exige poner a disposición de los usuarios del tranvía para garantizar una frecuencia «un 50% superior» a la que tiene el Urbos 3. Y a cambio se reforzó la línea especial V1, con 7 vehículos más, «insuficiente» para la demanda que había tras la avería.

Artigas explicó que «la primera semana de noviembre» se pondrá en marcha la mesa técnica que iniciará la revisión de este plan, con representantes del bus y del taxi, así como de entidades vecinales que aporten mejoras en base a la experiencia sufrida el pasado día 14. Un año después de que ya se revisara y con ideas como la que lanzó ayer la propia concejala de Zaragoza en Común (ZeC), como estudiar la posibilidad de restringir el tráfico en todo el eje norte-sur y permitir durante la incidencia solo el paso de buses, taxis y servicios de emergencia.

Porque la plataforma no se puede usar, añadió, ya que los técnicos apuntan que las puertas de los buses no siempre coinciden con el lado en que se ubica la parada y, en el caso de los taxis, sería complicado advertir a todos de que el servicio del tranvía se ha restablecido y tiene que salirse de ella.

Solo el PP se mostró crítico con Artigas y acabó reprendido por el resto por intentar sacar rédito político de esta «fatalidad» y analizar como algo usual algo que se considera excepcional. El conservador Sebastián Contín exigía «pedir responsabilidades» por «dejar a los zaragozanos tirados» con un «despropósito» de plan de contingencia, y por permitir que averías como la que existe en la vía de escape de Isabel la Católica lleve un año sin funcionar.

Sobre esta, Artigas insistió en que, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, se está estudiando sancionar a la empresa operadora, Tranvías Urbanos de Zaragoza, y se ha trasladado a la sociedad mixta que gestiona la línea el «malestar» por esta espera y se ha vuelto a hacer un requerimiento para exigir una solución inmediata. Esta llegará antes de finalizar el año, ya que, tal y como explicó, desde diciembre del 2016 se encargó fabricar las nuevas piezas que permitirán hacerlo y que todavía no se han instalado en el tramo afectado.