La fiscalía ha pedido una prórroga de 18 meses de la causa que investiga elaccidente del tren Alvia en el barrio compostelano de Angrois, en el que perdieron la vida 80 personas y 144 resultaron heridas. De aprobarse por el juez, el nuevo plazo llegaría hasta diciembre de 2018, porque el actual abarca hasta junio del este año. En un escrito con fecha de 29 de mayo, el ministerio público alude a la "dificultad y complejidad" de la instrucción y habla de su "probable ampliación", además de señalar las "nuevas pericias" que ya solicitaron varias partes.

"El objeto de investigación se centra en determinar si era necesaria una evaluación integral del riesgo en la vía y su posible relevancia causal", destaca el escrito, que firma el fiscal jefe de Santiago, Mario Piñeiro Vázquez, al frente del caso desde que dejó la fiscalía compostelana Antonio Roma. Este último respaldó el cierre de la instrucción y mantuvo siempre una relación controvertida con las familias de las víctimas.

El texto alude también a la "desconexión del sistema ERTMS" y a "una serie de pautas técnicas que se dicen infringidas", y valora que todo esto "hace necesaria una minuciosa investigación sobre distintos criterios periciales, que exigen cuando menos su ratificación y probable ampliación o, en su caso, nuevas periciales".

Añade que "está pendiente de resolución un recurso de apelación, que es crucial para determinar el ámbito de la investigación y la finalización de la instrucción". Se trata de los presentados tanto por la defensa de Andrés Cortabitarte, exjefe de seguridad en la circulación de Adif, como por el propio administrador de infraestructuras ferroviarias, en contra de su citación en calidad de investigado.

A Cortabitarte, el juez Andrés Lago le atribuye, como al maquinista por su despiste que le llevó a circular a más velocidad de la que debía, 80 supuestos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, al entender el magistrado que de su departamento dependía la elaboración del análisis de la peligrosidad en la línea que va de Ourense a Santiago.

Precisamente el fiscal Roma cambió de postura antes de irse al avalar la imputación de Cortabitarte, en contra de su opinión cuando el primer instructor, Luis Aláez, señaló a altos cargos de Adif. Tanto el abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, como el que representa al conductor, Manuel Prieto, se han adherido a la demanda del nuevo fiscal, según han confirmado a Europa Press.

Por su parte, la asociación de afectados por el siniestro se ha concentrado esta tarde a las puertas del Congreso coincidiendo con la entrega de las más de 100 mociones y declaraciones institucionales aprobadas por Ayuntamientos de toda España para exigir la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja, con el objetivo de depurar eventuales responsabilidades políticas por el descarrilamiento.