El Gobierno gallego ha remitido al juzgado que instruye el accidente de tren de Santiago del 24 de julio de 2013 diversas facturas para que le sean compensados gastos en los que la Xunta ha incurrido desde entonces. Entre ellos figuran los peritajes judiciales realizados por dos funcionarios autonómicos, cuyo trabajo ha sido puesto en cuestión por las víctimas, así como por un tercer experto independiente. Los primeros, impuestos al juez por la propia Xunta, encargaron estudios externos que ascienden a unos 200.000 euros mientras que el tercero, elegido al azar por el juzgado, ha presentado unos honorarios totales por sus servicios de 42.350 euros.

El accidente de tren de Santiago dejó 80 muertos después de que el maquinista del tren Alvia se despistase y no frenase a tiempo antes de la curva de Angrois. Adif había autorizado rebajar las medidas de seguridad tanto en las vías (en 2010) como en el tren (en 2012), y las distintas partes personadas en la causa discrepan sobre si esas decisiones fueron o no adecuadas. Para analizar el caso, el primer juez instructor quiso nombrar a tres peritos independientes, por sorteo de entre varias propuestas de los colegios profesionales de ingenieros de Telecomunicaciones, Caminos e Industriales. La Xunta, sin embargo, apeló a una norma autonómica previa que obliga a buscar a los posibles peritos judiciales primero entre el personal funcionario y ofreció al juzgado a sendos ingenieros de Caminos e Industriales, ambos sin experiencia en materia ferroviaria. No encontró entre su plantilla a ningún ingeniero de Telecomunicaciones dispuesto a hacer el trabajo, por lo que ese fue finalmente el único experto independiente elegido por sorteo.

Ese tercer perito independiente considera que Adif incumplió normas de seguridad, mientras que los dos funcionarios autonómicos culpan exclusivamente del siniestro al exceso de velocidad del maquinista. El segundo juez instructor de la causa ha restado importancia al peritaje independiente y ha propuesto juzgar solo al maquinista como único culpable amparándose en los otros dos peritos autonómicos. Lo ha hecho pese a que el de Caminos plagió parte de su informe y a que el Industrial obvió el baile de cifras sobre el peso real del tren que han detectado por las víctimas. La Audiencia Provincial de A Coruña deberá decidir ahora si hay ya juicio solo contra el maquinista o si se sigue investigando más.

Según las facturas ahora remitidas por la Xunta, el perito independiente de Telecomunicaciones trabajó en el caso a lo largo de dos años un total 875 horas, a 40 euros la hora, lo que arroja unos honorarios totales, sumado ya el IVA, de 42.350 euros. Por su parte, los dos peritos autonómicos fueron autorizados por el Gobierno gallego a aparcar temporalmente sus funciones en la Xunta, así que no han facturado honorarios sino que han cobrado sus nóminas ordinarias. Pero sí encargaron estudios externos sobre cuestiones concretas. El ingeniero Industrial pidió una simulación sobre el comportamiento físico del tren en el siniestro que ha costado 134.000 euros y el ingeniero de Caminos encargó a un catedrático de la Universidad de Cantabria un estudio sobre riesgos y probabilidad de accidentes ferroviarios por 36.300 euros. También se encargaron análisis del estado de los rieles por 15.000 euros, mediciones del tren y sus ruedas por 12.000 euros y un levantamiento topográfico de la curva por 2.800 euros. Ninguno de esos estudios externos analizó ni el cumplimiento o no de la normativa de seguridad por parte de Adif ni el peso real del tren.

En la lista de gastos remitidos por la Xunta al juzgado también figura una factura de 23.300 euros emitida por una funeraria de Santiago por el levantamiento y traslado de los cadáveres el día del accidente. Igualmente, hay varias facturas de una empresa de tasaciones que suman 7.100 euros por “tasaciones de objetos”. En total, el Gobierno gallego reclama al juzgado 273.383,77 euros.

Junto con estos gastos ahora reclamados por la Xunta, también Adif cuantificó en su momento en 1,36 millones de euros el daño que el siniestro causó en la infraestructura ferroviaria, sin tener en cuenta el propio tren, aún no valorado por Renfe. Por su parte, el fiscal ha pedido una indemnización de cerca de 43 millones de euros para las víctimas. Si finalmente resulta culpable solo el maquinista, esa cantidad deberá ser asumida por el seguro de su empleadora, Renfe, la aseguradora multinacional QBE, interesada por ello en que Adif comparta responsabilidad.

Por otra parte, este martes En Marea, a través del grupo parlamentario de Podemos, intentó sin éxito incluir de urgencia en el Pleno de la próxima semana en el Congreso de los Diputados el debate para la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de tren. La iniciativa acabará siendo debatida en un siguiente pleno, ya que Podemos tiene derecho a ello dentro de su cuota de iniciativas parlamentarias, pero para incluirla en el próximo orden del día debía contar con la unanimidad del resto de grupos políticos, algo que impidió la negativa del PP.