RENFE Y ADIF NIEGAN EL DERECHO A LA REDUCCIÓN DE JORNADA A SUS PLANTILLAS

La resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publicó el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, preveía la reducción de la jornada laboral en las empresas del sector público, si se daban ciertas condiciones y vinculando esta reducción a la publicación de los PGE.

El pasado 3 de julio se aprobó la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en la que en su disposición adicional 144ª establece la jornada semanal de 37 horas y media en su contabilización anual para el personal funcionario y para todos los empleados y empleadas de empresas y entidades públicas, entre las que se encuentran ADIF y RENFE.

Concretamente a partir de la entrada en vigor de la ley “la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan”.

Además, el texto advierte que “de acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva”.

De hecho, la ley dejaba sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición.

El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) se dirigió a las dos empresas en el mes de julio para que se iniciara el proceso negociador, sin que hasta la presente estas empresas hayan contestado. Ante este silencio, el pasado 22 de agosto, CGT se dirigió al actual Secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, para que instase a las Direcciones de las dos empresas públicas (ADIF y RENFE) a la convocatoria de los respectivos Comités de Empresa y que, en el seno de los mismos, se llevara a cabo la obligada negociación para la implantación de la jornada aprobada por Ley, de 37 horas y media, computándose ésta de forma anual.

De igual forma, CGT se dirigió al resto de sindicatos ferroviarios con representación en los comités de empresa. Y al igual que las empresas y el ministerio, de estas organizaciones sindicales recibieron silencio como respuesta.

La situación ha llevado a más de 200 días a la espera de una respuesta y sin la aplicación de un derecho que se está negando a la plantilla y que de forma paralela, está creando una “bola de nieve” con las horas de reducción de la jornada que no se están aplicando en estas empresas y que aumentará la actual problemática de falta de personal operativo.

Desde este sindicato consideran estos hechos “una irresponsabilidad por parte de la diferentes Direcciones y responsables ministeriales de difícil comprensión”.