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Renfe y la CNMC, a la greña por los maquinistas

 
 
 
 
 
 
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Renfe recurre a los tribunales, por la vía contencioso-administrativa, las medidas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha impuesto para evitar que los operadores privados se queden sin maquinistas. La compañía ferroviaria pública pedirá además la suspensión cautelar de la aplicación de las medidas en tanto se resuelve el proceso judicial. En virtud de estas medidas, Renfe estará obligada a dar y costear durante tres meses un servicio de tracción a las empresas privadas que pierdan a más del 20% de su plantilla de maquinistas como consecuencia de una convocatoria de empleo de conductores de la operadora dominante. Renfe considera que se trata de una iniciativa “inviable” y que además “no favorece en ningún caso la competencia en el transporte de mercancías en tren”, un negocio liberalizado en España desde 2005.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Renfe el cumplimiento de una serie de medidas para garantizar que las operadoras ferroviarias privadas que compiten con la compañía pública en tráfico de mercancías no se queden sin maquinistas. La CNMC indica que las convocatorias de incorporación de nuevos maquinistas por parte de Renfe provoca un efecto llamada sobre los conductores de las operadoras alternativas, “que no pueden igualar las ventajas de contratación del operador público”. El ‘superregulador’ considera que el hecho de que no exista en el mercado una suficiente bolsa de maquinistas de tren impide la competencia en el transporte de mercancía en tren, un sector liberalizado desde 2005.

La operadora española denuncia que, al exigir estas medidas, el ‘superregulador’ atenta contra “la libertad de empresa e invade la capacidad de Renfe para organizar sus propios recursos”. La compañía que preside Juan Alfaro considera que no es posible atender este servicio, dado que su división de Mercancías tiene la capacidad de producción “adaptada a sus propias necesidades”. Renfe reacciona de esta forma a las medidas impuestas por la CNMC con el fin de que exista en el mercado una bolsa de maquinistas formados a disposición de todas las empresas que operan en el sector con el fin último de garantizar la competencia en este mercado.

La comisión ha “constatado” que Renfe, que emplea al 97% de los maquinistas de tren del país, paralizó en 2012 los cursos de formación de maquinistas, requisito imprescindible para acceder a la profesión, y que no los reanudó hasta 2016. No obstante, en 2015 lanzó una oferta de empleo con el referido efecto en las plantillas de conductores de las empresas rivales. Por ello, y ante la denuncia presentada al respecto por la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), el órgano que preside José María Marín Quemada ha resuelto imponer un conjunto de requisitos a Renfe para garantizar que cuenten con maquinistas suficientes sus competidores, por el momento en tráfico de mercancías.

El ‘superregulador’ impone estas medidas a Renfe un año después de que le pusiera la mayor multa a una sola empresa, una sanción de 65 millones de euros por no facilitar la competencia también en mercancías. En la actualidad, Renfe aborda un plan de saneamiento y reestructuración en Renfe Mercancías con el fin de que sea rentable y genere beneficios. Este plan culminará con una alianza de esta filial con un operador logístico privado.

El objetivo del ‘superregulador’ es dar transparencia a la planificación sobre la formación de maquinistas con el fin de que siempre exista una bolsa de este tipo de profesionales en el mercado. La CNMC insta a Renfe a cuantificar y comunicar antes del 31 de enero de cada año a este órgano, los centros de formación y las empresas ferroviarias “su mejor estimación” sobre las necesidades de conductores de tren para al menos los dos años siguientes. La compañía también deberá garantizar que las convocatorias de empleo que realice para contratar maquinistas tenga un plazo de al menos tres meses entre el anuncio y el primer examen o prueba de selección. La CNMC indica que estas medidas estarán vigentes hasta que el mercado asegure por sí mismo el correcto funcionamiento. En caso de que se produzca algún cambio, analizará la pertinencia de mantenerlas.

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