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21 diciembre 2016
¿Por qué Fomento paga por la quiebra de las autopistas pero no por el AVE a Francia?
El Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con el de Francia para plantar cara a ACS y Eiffage y no pagarles ni un euro por la línea de alta velocidad entre Figueres y Perpignan.
TP Ferro, la concesionaria de la infraestructura que está participada al 50% por las dos constructoras, entró en liquidación hace casi dos meses y los estados español y francés han tenido que asumir la concesión, que arrastra una deuda de 557 millones de euros. Las pérdidas ascienden a 134 millones en apenas dos años de vida. No obstante, estos números rojos se sustentan fundamentalmente en el coste de la deuda financiera. Sin ella, la explotación de la red prácticamente arroja un saldo positivo.
El pasivo, por tanto, queda en manos de TP Ferro, que entró en concurso en septiembre de 2015. El administrador concursal lidiará con los acreedores, entre los que se hallan bancos españoles y extranjeros, así como algunos fondos de inversión. La nueva sociedad creada por Adif y SNCF, Línea Figueres Perpignan, arranca sin el lastre de la deuda.
ACS y Eiffage reclaman 485,8 millones
Ahora bien, ACS y Eiffage quieren que España y Francia les indemnicen con una cuantía que estiman en 485,8 millones por la resolución anticipada del contrato. Y es aquí donde surge la discrepancia. Porque el ministro Íñigo de la Serna y su homólogo galo consideran que quien ha incumplido el contrato es la propia TP Ferro al abandonar la concesión.
Las cláusulas 25 y 26 del contrato establecen las causas de la resolución, pero según señalan fuentes jurídicas son interpretables. Por ello, tendrán que ser los jueces quienes dictaminen quién tiene la razón. Eso sí, la figura de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) no aparece reflejada, al contrario de lo que ocurre con las ocho concesiones de las autopistas en riesgo de quiebra.
En este caso, Fomento asume que sí estará obligado a compensar a las concesionarias, entre las que también figura ACS. La cifra, que según a quién se pregunte oscila entre los 2.000 y los 5.000 millones, tendrá que ser establecida igualmente por los tribunales.
El grupo que preside Florentino Pérez se ha erigido en protagonista principal de los mayores combates entre el sector privado y la Administración de los últimos años, como ocurrió con el almacén de gas Castor, por el que el Estado le indemnizó con más de 1.500 millones.
Al margen de la letra pequeña del contrato, España y Francia sostienen otro arma para la batalla legal. La resolución del laudo relativo a los sobrecostes incurridos en la construcción de la línea que se resolvió en febrero de 2015 a su favor y soporta el principio de culpabilidad en TP Ferro. Aún hay otros dos arbitrajes instados por la sociedad por los que reclama 462 millones "y la cifra es creciente cada mes".
Los jueces tendrán la última palabra. De la Serna, entretanto, pretende dar nuevos pasos para introducir cambios normativos que eviten futuros rescates de concesiones. Su antecesora Ana Pastor ya modificó la RPA y ahora el flamante ministro quiere abrir la puerta a que el Estado pueda plantear recursos de lesividad, minorar los riesgos expropiatorios a la Administración y que la Oficina Nacional de Evaluciacón se pronuncie sobre la licitación de determinados proyectos.
Todo con el objetivo de que futuras quiebras de concesiones tengan un impacto menor sobre las cuentas públicas.
