Madrid, 15 jul (EFECOM).- El Tribunal de Cuentas ha pedido que se adopten medidas para optimizar los recursos asignados a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente del Ministerio de Fomento, y si ello no es posible, que se proceda a la disolución y extinción de la compañía.

El Tribunal de Cuentas ha hecho esta consideración a tenor de la limitada relevancia de la actividad de Seittsa con respecto a los objetivos para los que fue creada y los costes que genera su funcionamiento.

En el informe de fiscalización sobre la actividad desarrollada por la sociedad entre 2012 y 2014, el Tribunal de Cuentas considera además que los gastos del personal así como el número de miembros del Consejo de Administración, en relación con la plantilla de la entidad, es elevado aunque cumpla con la legislación vigente.

En el periodo analizado, los gastos de personal ascendieron a 1.223.000, 1.312.000 y 1.313.000 euros, respectivamente. De este importe, 188.000 (13,2 %), 124.000 (9,3 %) y 123.000 (9,3 %) correspondieron a las retribuciones por asistencia a los consejos de administración.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha insistido nuevamente en la conveniencia de que las funciones desarrolladas por Seittsa y por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se concentren en una sola sociedad estatal.

Además, y respecto a la recomendación de una mejora de las previsiones presupuestarias de las inversiones en infraestructuras ferroviarias, el Tribunal de Cuentas insiste en que las cifras registradas en el periodo ponen de manifiesto una falta de programación presupuestaria "rigurosa".

Por ello, recomienda que las previsiones presupuestarias para las inversiones en infraestructuras ferroviarias realizadas por Seittsa se ajusten mejor a la verdadera capacidad de ejecución y de financiación que la entidad tenga en cada momento.

El Tribunal de Cuentas critica además que la actuación de Seittsa no generase una mayor aportación de financiación privada.

Todo ello, a pesar de que para favorecer la consecución de su objetivo principal, se acordó que la sociedad se financiase con aportaciones de capital privado, además de con las aportaciones procedentes de las Administraciones Públicas.

Esto tenía como objetivo minimizar el impacto en la capacidad o necesidad de financiación de las Administraciones Públicas.

Asimismo, y después de una Inspección de Hacienda sobre la repercusión del IVA de las obras a medida que éstas se habían ido poniendo a disposición del Ministerio de Fomento, la sociedad liquidó por este concepto un importe de 596.080.000 euros, de los que 517.137.000 correspondían a la cuota del IVA devengado y 58.943.000 a los intereses de demora.

El Tribunal de Cuentas lamenta además que aunque el resultado de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 fuera positivo, el ebitda derivado de la actividad de explotación de la entidad entre 2012 y 2014 fue negativo. EFECOM