La Fiscalía Anticorrupción implica a veinte personas en la trama acusada de desviar 82 millones de euros de las obras del AVE en La Sagrera de Barcelona, integrada por responsables de Adif, asesores técnicos y contratistas, entre los que figuran los trece detenidos el pasado martes.

En su querella por la "trama del AVE", a la que ha tenido acceso Efe, el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled sostiene que la trama está integrada por veinte personas, de los que siete son cargos y funcionarios de Adif, que supuestamente se concertaron con responsables de las contratistas de tres obras de La Sagrera para hinchar las facturas a costa del erario público.

Según el Fiscal, el mecanismo criminal utilizado por la trama se articula en torno a certificaciones de obra "mendaces" expedidas por los funcionarios de la obra pública, "propiciando y amparando" el enriquecimiento ilícito de las empresas contratistas, supuestamente a cambio de dádivas o sobornos.

Para el fiscal, la trama no habría podido obtener sus beneficios "sin el concierto de todos los querellados o, al menos, sin el concierto de unos y la anuencia de otros".

Tras meses de investigación, la Guardia Civil detuvo el pasado martes a trece supuestos miembros de la trama, entre ellos el exdirector de proyectos y construcción de Adif Rafael R., el exdirector de obra y exjefe de infraestructura Jaime G.G., y el entonces jefe de área de infraestructuras de Adif en Cataluña Mauro B.D.

De los trece detenidos, seis quedaron en libertad horas después, a la espera de ser citados en las próximas semanas por la juez que lleva el caso, mientras que los otros siete comparecen desde esta tarde ante la magistrada, la titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona.

La Guardia Civil tenía previsto detener el martes a una decimocuarta persona, aunque finalmente no la arrestaron por encontrarse en el hospital y optaron por notificarle que hoy mismo tenía que comparecer ante la juez.

De esta forma, finalmente son hoy ocho los supuestos miembros de la red que han pasado a disposición judicial.

Según el fiscal Anticorrupción, además de siete miembros de Adif, la trama también está supuestamente integrada por dos directores de obra de la empresa pública Ineco (ingeniería y consultoría global referente en infraestructuras), así como por siete representantes de las contratistas Acciona, Dragados y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y cuatro de una ingeniería que asesoraba técnicamente a Adif.

En su querella, el fiscal aprecia "sólidos indicios" de que el exceso de medición consignado en las certificaciones de obra bajo sospecha es "intencional" y responde a la "connivencia" de los empleados públicos encargados de firmarlas y autorizarlas con los responsables de las empresas contratistas y de las asistencias técnicas "con la finalidad evidente de favorecer económicamente a los entes privados".

Según el fiscal, gracias a esta conducta, las contratistas adquirían cada mes el derecho líquido a una suma dineraria "fraudulentamente hinchada" que iba siendo satisfecha por la administración.

La principal conducta ilícita en la trama la desempeñaban, según el fiscal, los directores de obra, en concreto técnicos de Adif y de Ineco, "sin cuya iniciativa y firma las certificaciones mendaces nunca podrían haberse emitido".

Se trata, según el fiscal, de los querellados Adriano Javier R.R. (Ineco), Carlos Javier M.F. (Adif), Ignacio C.P. (Adif), Alejandro L.S. (Adif), Juan Luis M.T. (Ineco), Juan Carlos R.V. (Adif), así como el propio Mauro B.D., que ejercía como jefe de área de infraestructuras de Adif en Cataluña y director de contrato.

Además, los directivos de Adif implicados supuestamente en la trama -Rafael R.G., Jaime G.G. y el propio Mauro B.-, firmaban o daban el visto bueno a las certificaciones de obras mendaces, ante lo que el fiscal aprecia "sólidos indicios de que no eran ignorantes de la realidad sino que, muy al contrario, actuaron de forma intencionada y concertada con sus subordinados y los contratistas".

"Nada de ello se entiende, desde luego, sin la iniciativa e impulso de los responsables de la obra en representación de las empresas contratistas, pues el sobrecoste generado en perjuicio del erario público no tenía otra finalidad que beneficiar económicamente a dichas mercantiles", remarca el fiscal en su querella.

Por este motivo, el ministerio público cree que los contratistas implicados -Jaime V.D., de Acciona, Manuel R.F., de Dragados, Albert P.B., de Dragados, José Miguel G.S., de Dragados, Oscar Santos H.P., de FCC, Daniel C.C., de FCC y Gonzalo P.H., de FCC-, podrían haber sobornado a los funcionarios con dádivas a cambio de hacer viable el sobrecoste.

Según el Fiscal, también resulta "imprescindible" para los fines ilegales de la trama la colaboración de los jefes de las unidades de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras (ACO), cuatro técnicos de empresas privadas contratados a tal fin por Adif: Isaac C.P., Francisco Javier M.V., Carlos P.M.F. y Gabriel O.L.