Moreno se desligó de los trabajos desde todos los puntos de vista, temporal --no estaba en el cargo cuando se realizaron-- y competencial, ya que ella se encargaba más bien de las finanzas. De la polémica se enteró después, por la prensa, pero tampoco cree que su trabajo sea reclamar dinero a la UTE constructora.

La gerente de la sociedad de economía mixta (SEM) que gestiona el tranvía declaró como investigada (antigua imputada) en el caso tranvía, en el que la jueza Nicolasa García indaga si hubo irregularidades (malversación o falsedad documental, por ejemplo) en cuatro obras, valoradas en 2,2 millones de euros.

Aunque la denuncia que dio origen al caso ampliaba las sospechas a la concesión y tramitación del tranvía, por ahora la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza se centra en lo más sospechoso, los trabajos. Más aún cuando, esta semana, una sentencia de lo Contencioso (ya recurrida) avaló la legalidad del resto.

La gerente recordó que ella asumió el cargo de gerente de la SEM el 7 de octubre del 2013, tiempo después de las obras bajo sospecha. No supo nada de ellas hasta el año siguiente.

Moreno negó haber firmado ninguna documentación sobre las obras, y si lo hizo, afirmó, fue alguna orden de pago pendiente de su antecesor, Alejandro Moreno. Ella se dedicó a resolver los "problemas con entidades financieras" que tenía el proyecto.

La certificación de obra más polémica, la última (la 41) aparece en la causa duplicada y sin su firma. En cuanto a lo primero, expuso que la versión del 2013 era un "mero borrador de trabajo", y la del 2014, la certificación. Pero tampoco la firmó, porque correspondía a trabajos realizados bajo el mandato del anterior gerente. Atribuyó el retraso en la certificación a las "discrepancias" entre el ayuntamiento y la UTE sobre los trabajos.

Ayer también declaró uno de los técnicos (el gerente de la UTE FCC-Acciona, que construyó el tranvía) que sí firmó las certificaciones, José Antonio Carriles.

Coincidió con la gerente en que las obras eran anteriores a su mandato (en su caso, empezó en agosto del 2012), pero él sí las conocía. Así al menos lo afirmó el letrado de la acusación particular de la asociación Atranza, Santiago Palazón.

Otra cosa es que lo viera ilegal, ya que las compensaciones de pago u otros procedimientos como el pago "a buena cuenta" --adelantado, pendiente de comprobación-- eran habituales. Esto explicaría las certificaciones negativas (restas de dinero).

En este contexto, explicó que firmó la certificación 41 porque estaba de acuerdo "en las cantidades globales", y en la documentación de la UTE no estaban las obras falsas.