La constructora sostiene que el Gobierno regional no aportó nunca los 50 millones que había prometido

La constructora OHL ha acusado hoy al Gobierno de la Comunidad de Madrid de haber forzado la paralización del tren entre Móstoles y Navalcarnero al no haber aportado 50 millones comprometidos. La compañía, en un comunicado, asegura que "no ha tomado decisiones unilaterales injustificadas en ningún momento. Todas sus decisiones en relación con el desarrollo de la concesión del tren Móstoles-Navalcarnero han estado motivadas por la pasividad del PP y del Ejecutivo madrileño, cuya actitud ha condenado a los vecinos de la zona sin el tren entre Móstoles y Navalcarnero".

"Ha habido", continua el comunicado, "un incumplimiento culpable de la Comunidad de Madrid, según se pone de manifiesto en el contencioso administrativo interpuesto por esta empresa.  Además, OHL Concesiones ha recurrido la multa impuesta por considerarla arbitraria”.

La Comunidad de Madrid adjudicó a OHL Concesiones el concurso para la construcción y explotación del tren tras la negativa del Ministerio de Fomento a realizar las obras, y con la previsión de grandes desarrollos inmobiliarios en Navalcarnero que se vieron imprevisiblemente paralizados por la grave crisis financiera e inmobiliaria que azotó a España.

"OHL Concesiones ha invertido", sostiene la constructora, "165 millones de euros en las obras con recursos propios sin que la Administración madrileña haya aportado los 50 millones de euros comprometidos en el contrato de concesión, ni ha cumplido con el compromiso de modificar el contrato de riesgo-tráfico a disponibilidad".

Ante esta situación y la grave crisis financiera e inmobiliaria, OHL se vio obligada en julio de 2010 a solicitar al Gobierno de la CAM, presidido entonces por Esperanza Aguirre, la resolución del contrato por incumplimiento culpable de la Administración. En 2011, la Comunidad solicitó a OHL Concesiones retirar su petición de resolución de contrato, comprometiéndose a buscar una solución al problema. "OHL accedió a retirar la petición de resolución y planteó diversas propuestas durante la legislatura de Ignacio González para desbloquear la situación, sin que el Gobierno de Madrid valorara ni secundara ninguna de ellas", concluye la constructora.