El ex alcalde del PP en Valladolid, Javier León de la Riva, se plegó a los intereses de las entidades financieras que prestan el dinero para la operación del soterramiento sin informes técnicos y jurídicos y, por supuesto, sin acuerdo plenario. Una maniobra sin soporte legal que puede acabar sentándole de nuevo en el banquillo de los acusados como único responsable de una actuación cuya legalidad ya está siendo analizada por los servicios jurídicos municipales.

Así lo ha desvelado hoy su sucesor en el cargo, Óscar Puente, en el transcurso de una rueda de prensa para analizar la delicada situación en la que se encuentra la operación del soterramiento y en la que se ha desvelado la existencia de una “carta de conformidad” firmada por León de la Riva en enero de 2011 en la que declaraba “debidamente adoptados los acuerdos, autorizaciones y consentimientos” para cumplir las condiciones del convenio original firmado por él mismo, el entonces ministro de fomento, Francisco Álvarez Cascos y la Junta de Castilla y León, que comprometía al Ayuntamiento a no modificarlo ni terminarlo “sin autorización de las entidades financieras”, “consultar la conformidad de las entidades financieras antes de promover planeamiento urbanístico” y “hacer frente ante las entidades financieras si la Sociedad Valladolid Alta Velocidad no puede cumplir sus obligaciones”.

“Lo último que quiero es enfrentarme así al ex alcalde, pero todo está en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento”, aseguró esta mañana Puente, sin querer ir más allá de lo que los letrados municipales puedan llegar a determinar.

Pese a todo, el alcalde aseguró que hará valer esa irregularidad, en caso de ser necesario, para defender los intereses municipales y no tener que hacer efectivo el pago de la deuda que le reclama los bancos al Ayuntamiento de Valladolid en su condición de socio (25%) de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad antes del 1 de enero de 2016.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid propondrá mañana, martes en el Pleno Extraordinario sobre la deuda de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, la aprobación de una moción en la que se acuerde solicitar al sindicato bancario al que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad debe 400 millones de euros una carencia de dos años para el pago, de forma que no se incremente “en un solo euro” hasta el 31 de diciembre de 2017.

La moción del equipo de Gobierno, que sustentan PSOE y VTLP, señala que el Ayuntamiento “tiene la voluntad de cumplir el compromiso del soterramiento” del ferrocarril, pero siempre que se renegocien las condiciones de financiación.

De esta forma, señalan en su moción conjunta, “habida cuenta de las implicaciones de todo tipo que tiene la obra”, consultarán en los primeros meses de 2016 a la población “la conveniencia de continuar con el soterramiento de las vías, o si parece preferible establecer un conjunto de actuaciones de permeabilización manteniendo las vías en superficie”.

En todo caso, de seguir adelante con el proyecto de soterramiento, los grupos en el gobierno imponen ciertas condiciones, como que este se haga “de forma que su realización no ahogue la actividad municipal” (al contrario de lo expresado por De la Riva en la carta que envió por su cuenta a los bancos), manteniendo el convenio firmado con la Junta de Castilla y León, RENFE y ADIF, pero ajustando “lo realizado hasta la fecha”.

De este modo, según explicó el alcalde, Oscar Puente, es necesario ajustar las cuentas,añadiendo a la inversión realizada (471 millones, -210 correspondientes al complejo ferroviario, 112 de gastos financieros y sólo 74 de soterramiento propiamente dicho, en el barrio Pinar de Antequera) la inversión pendiente de realizar (543 millones, de los cuales al túnel urbano correspondería un gasto de 296), lo que daría un total de 996 millones de euros.

De este total, a su parecer, 323,5 millones deberían afrontarlos el resto de entidades participantes de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad: el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León (159 millones de euros de la obra ejecutada en el nuevo centro ferroviario y el soterramiento del Pinar, la diferencia de valor entre los nuevos talleres y los viejos y la aportación pendiente del Ministerio, además de lo que la Junta debe por el convenio firmado en 2002).

Sumando a esta cantidad el valor en el que están calculados ahora los terrenos que se liberarían, 400 millones de euros, faltaría por financiar la urbanización en superficie, en torno a 135 millones, que el Ayuntamiento podría afrontar “con tiempo, poco a poco, según se vaya pudiendo”, señaló el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.