El Tribunal de Cuentas ha dado la voz de alarma sobre la contabilidad y rendición de cuentas que lleva a cabo el sector público empresarial. En su última declaración relativa a 2013 el organismo fiscalizador pide al Gobierno que tome las «medidas necesarias» para subsanar las «deficiencias» en la contabilidad de las empresas públicas de manera que se ajusten «a la legislación aplicable y reflejen adecuadamente» su actividad económico-financiera, sus resultados y su situación patrimonial. Las entidades públicas habían previsto un resultado positivo de 570 millones y cerraron el ejercicio con unas pérdidas de 51 millones.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., y a esta le siguió el FROB, RTVE y Renfe (ver gráfico).

Entre las carencias que denuncia el organismo fiscalizador se encuentra el que dos tercios de las entidades integradas en el sector público, directamente no dan explicación alguna sobre las «causas de las desviaciones» de sus presupuestos de explotación o capital. Entre ellas,Renfe, el ente público RadioTelevisión Española (en liquidación), Worl Trade Center Barcelona, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Fidalia, Puerto Seco de Madrid, Servicios Documentales de Andalucía, Aletas, o el Consorcio para la Construcción del Auditorio de Música de Málaga. y entre las que sí lo justifican «en algunos casos» lo hacen «de forma insuficiente e imprecisa» dada la magnitud de las desviaciones. Este es el caso de grupos públicos como AENA, ADIF-Alta Velocidad, ENISA, Loterías y Apuestas del Estado y Enresa, y no completaron la información hasta que el Tribunal de Cuentas tramitó la reclamación correspondiente.

Además, hasta nueve entidades ni siquiera ha presentado el Programa de Actuación Plurianual y el organismo fiscalizador se ha encontrado con que «numerosas entidades» eluden informar sobre el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. E incluso algunas llegan a tergiversar la realidad e informar de la inexistencia de garantías recibidas o emitidas de otras entidades del sector público estatal «cuando se ha comprobado que sí han existido», denuncia el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda. Otra irregularidad es la falta de firma de los gestores en las cuentas anuales y el informe de gestión. En esta falta caen hasta 77 entidades, entre ellas empresas como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias o AENA, CDTI, Adif-Alta Velocidad o Renfe-Operadora.

Auditorías denegadas

Otro de los puntos «oscuros» que denuncia el Tribunal es la existencia de cinco empresas públicas cuya auditoría ha sido denegada por la empresa auditora. Destacan el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), las confederaciones hidrográficas del Miño-Sil y Cantabria, el Instituto Nacional de Consumo (INC) o la Corporación Mutua. Además, otras 45 entidades tienen el informe de auditoría con salvedades, entre las se encuentran la jefatura Central de Tráfico, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Estatal de Meteorología, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Cervantes y el Museo Nacional Reina Sofía.

El Tribunal reclama «adoptar la medidas correctoras oportunas que me permitan subsanar las deficiencias observadas en las cuentas anuales de las entidades públicas que presentan informes de auditoría con salvedades, con opinión desfavorable y con opinión denegada».