La estación de La Sagrera, uno de los puntos emblemáticos del tramo catalán del AVE Madrid-Barcelona, vuelve al foco de la polémica. El Ministerio de Fomento ha remitido a laFiscalía para su investigación el contrato adjudicado a un consorcio compuesto porDragados (ACS), Acciona, Comsa y Acsa, para la construcción de la infraestructura en 2010, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El valor de la adjudicación se aproximó a los 400 millones de euros.

Desde hace algunos meses, la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona está bajo sospecha, después de que se hayan puesto en marcha diversas investigaciones por denuncias sobre presuntas irregularidades relacionadas con supuestos sobrecostes. Por ahora, la más destacada es la llamada ‘operación Yogui’, en la que la Guardia Civil llegó a practicar detenciones a empleados de Adif y del grupo constructor Isolux Corsán.

Fuentes del sector señalaron a Vozpópuli que la Fiscalía ha solicitado numerosos contratos relacionados con el trazado de alta velocidad Madrid-Barcelona, aunque ninguno tan voluminoso como el de la estación de La Sagrera, envuelto en polémica casi desde el principio, debido a que fue uno de los grandes damnificados por los recortes impuestos en el Ministerio de Fomento tras la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy a La Moncloa.

De hecho, las obras, que se iniciaron en 2010, no sólo no han concluido aún sino que, además, han sufrido numerosos parones. Tras la victoria del PP en las elecciones generales de 2011, Fomento realizó una pormenorizada revisión de los proyectos de infraestructuras adjudicados por la anterior Administración.

Víctimas de los recortes

Uno de los más afectados fue el de La Sagrera que, además de la construcción de la estación, incluía otro destacado contrato que incluía los accesos a la misma, que fue a parar a otro consorcio en el que figuraban Ferrovial y FCC.

En total, todo el proyecto se iba por encima de los 800 millones de euros pero con los recortes de Fomento, Adif se quedó sin dinero para completarlo. De ahí los continuos retrasos que ha sufrido la obra hasta que ha sido reformulada tras intensas negociaciones entre la Administración Central y las autoridades autonómica y local.

El departamento que dirige Ana Pastor logró recortar los costes de la infraestructura en algo más de 150 millones de euros y abrir la financiación a empresas privadas para que los trabajos pudieran reiniciarse.

Sin embargo, los procesos abiertos en torno a supuestos sobrecostes en el trazado de alta velocidad Madrid-Barcelona pueden volver a abrir la caja de los truenos de un proyecto que parece tocado por una maldición.

Tanto éste como otros contratos están siendo investigados por la Fiscalía sin que haya trascendido, por el momento, la existencia de indicios de presuntas irregularidades.