Mantener el tren en la vía de la legalidad

La juez imputa y llama a declarar al exconseller de Transportes del Pacte, al exdirector de Movilidad y a los dos exgerentes de SFM. Se cuestiona la compra de 22 unidades ferroviarias prescindiendo del concurso públic

07.11.2014 | 09:06

Llorenç Riera La cuestión lleva tiempo en el candelero, con versiones contrapuestas y muchas dudas o lagunas en el proceso de la iniciativa y su tramitación, pero ha acabado adquiriendo cuerpo de tramitación penal. La juez instructora da por buena la querella presentada por la fiscalía Anticorrupción, a partir de una denuncia formulada por el actual gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, y procesa a la cúpula de la conselleria de Transportes del último Govern Antich. Es el presunto escándalo de mayor calado que salpica de lleno al anterior Ejecutivo del Pacte de izquierdas.

Se dirime el modo en que se compraron 22 unidades ferroviarias, en un trámite de legalidad dudosa, porque en él no hubo convocatoria de concurso público. Por ello, quien fuera conseller de Transportes, Gabriel Vicens, su director general de Movilidad, Toni Verger y el gerente de SFM, Bartomeu Gual, todos ellos del PSM de la época, se enfrentan a una querella por malversación de fondos públicos. Responderán ante la juez el próximo 3 de diciembre. También está imputado en los mismos términos el otro gerente del PSOE de la empresa ferroviaria, Jaume Jaume. Además, los dos exgerentes aludidos deberán afrontar otro cargo por la concesión, también sin concurso, de las obras de reconstrucción del puente del Tren, en Palma.

La cuestión que ha acabado en los juzgados y es objeto de trámite penal en toda regla, extiende sus raíces hasta el último Govern de Jaume Matas. Para realizar la operación puesta en el candelero, la cúpula de Transportes del Pacte, en vez de convocar un concurso ordinario, se aprovechó de una opción de compra vinculada a un contrato firmado por el Govern del PP y el fabricante, la empresa CAF, para maquinaria del metro. Se argumentó que existía una dependencia técnica. Pero las 22 unidades ferroviarias adquiridas, en vez de al metro, estaban destinadas a prestar servicio en lo que debía ser la electrificación de las líneas hasta Sa Pobla y Manacor, una electrificación que nunca se ha hecho ni se ejecutará mientras el PP gobierne y mantenga su actual política ferroviaria. Los vagones se compraron con dos años de antelación porque, según dicen, ésta es la costumbre y con ello se da tiempo al fabricante para realizar el encargo. La operación supuso una inversión de 75 millones. Los trenes de compra confusa cubren ahora el recorrido entre Palma y l'Enllaç. Es el único que les puede dar vida porque es el único que está electrificado.

Los imputados siempre han mantenido la legalidad de sus actuaciones. Dicen que obraron de tal modo porque disponían de informes técnicos que les aconsejaban hacerlo. Sin embargo, un ingeniero de la empresa contratada se negó a firmar el informe, al plantearle dudas. Ahora alega escasa experiencia. La denuncia entregada por Orta al fiscal también dispone de avales técnicos de responsables actuales de SFM. Uno de sus firmantes ya ha declarado ante la juez. Ha sido menos explícito que en su informe y ha reconocido errores. Todo permanece confuso. La declaración de los imputados puede resultar determinante.