Víctimas de la tragedia de Compostela piden la imputación del exjefe de seguridad de Adif

LUIS DíEZ | 14/9/2013

El portavoz de”Víctimas Alvia 01455″, Alberto García Tranche, respondiendo a los periodistas a la salida de la reunión celebrada en Santiago de Compostela el pasado martes. / Lavandeira jr (Efe)

La Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela (Apafas), que cuenta con los servicios jurídicos del bufete de abogados González Martín y Asociados, pedirá que se incluya al alto responsable de Adif, Andrés María Cortabitarte López, como imputado en la causa que instruye el juez de Compostela Luis Aláez. La asociación, que se constituyó el 4 de septiembre, va a ejercer la acusación popular. Su letrado, Javier González, estima que la investigación debe afectar a todos los responsables de la seguridad del tren Alvia de alta velocidad, cuyo descarrilamiento costó la vida a 79 personas e hirió a otros 130 viajeros el 24 de julio pasado a 4 kilómetros de la estación de Compostela.

En ese sentido, Cortabitarte López, que firmó y transmitió la orden de dejar fuera de servicio el sistema europeo de frenado automático instalado en el tren mixto Alvia 730 y conocido con las siglas ETCS , debe ser incluido entre los responsables de la tragedia. La prueba de dicha orden, reproducida por cuartopoder, obedecía a una petición de la dirección de Renfe que, según fuentes jurídicas, no ha sido aportada todavía a la investigación. El director general de Renfe, Julio Gómez-Pomar, se escuda en que los responsables de Adif autorizaron el funcionamiento de los trenes sin el sistema ETCS después de detectar numerosos problemas en las transiciones entre ese sistema y el ASFA convencional.

La persona que el 23 de junio cursó la autorización para desconectar el ETCS instalado en los trenes, en el tramo de 80 kilómetros, entre Ourense y Santiago de Compostela, fue el entonces director de seguridad en la circulación de Adif, Cortabitarte López, quien cesó en ese puesto en junio pasado, un mes antes del accidente, y pasó a ser subdirector de señalización.

Según fuentes de la comisión investigadora del accidente, la desconexión del sistema ETCS se pidió por un plazo de un mes, aunque en la autorización remitida por Cortabitarte no se hace alusión a plazo alguno, por lo que los trenes siguieron circulando sin que se ajustaran los dos sistemas de frenado automático durante un año y un mes, hasta que sobrevino el accidente. El juez Aláez ha imputado como responsables en primer grado al sustituto de Cortabitarte, Manuel Besteiro Galindo, al director de seguridad de la zona, Fernando Reón Sartal, al inspector de seguridad, José Antonio García Díez, y a dos técnicos..

El juez Aláez también ha atribuido responsabilidad penal a todo el consejo de administración de Adif, que preside Gonzalo Ferre, incluidos los representantes sindicales y el propio presidente de Renfe, Gómez-Pomar, que forma parte del mismo. Llama la atención que el magistrado haya imputado a los dos antecesores inmediatos de Ferre, Enrique Verdeguer, que fue colocado por el PP, y Antonio González Marín, que ejerció la presidencia de la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias en el último periodo de gobierno del PSOE, y haya excluido al responsable directo de la precarización de la seguridad.

El letrado Baltasar Garzón, que actúa como defensor de la familia de una ciudadana ecuatoriana fallecida en el accidente, por encargo de la embajada de Ecuador, ha solicitado la imputación directa del presidente de Renfe por entender que tuvo responsabilidad punible en la tragedia. De hecho, todas las fuentes consultadas coinciden en que el objetivo prioritario era la rentabilidad de la línea de alta velocidad de Madrid a A Coruña, en detrimento de la seguridad. El objetivo comercial consistía en realizar el trayecto en seis horas para ser competitivos con otros medios de transporte de viajeros, incluido el avión. Por esa razón, Renfe solicitó la desconexión del ETCS ya que al interactuar con el sistema ASFA frenaba automáticamente el tren y provocaba retrasos indeseables para la agresiva política comercial de la compañía.

En este sentido, fuentes de Renfe y Adif han recordado que la propia ministra de Fomento, Ana Pastor Julián, quien afirmó en el Congreso de los Diputados el 9 de agosto pasado: “No descansaré hasta que se sepa la verdad”, anunció la apertura de un expediente a Talgo por el mal funcionamiento de sus trenes mixtos S730, adquiridos para cubrir la línea Madrid-A Coruña. Según esas fuentes, parte de los problemas técnicos procedían de la aplicación del sistema de frenado automático ETCS. Y fueron subsanados mediante la orden de desactivarlo.

La ministra ha prometido todo su apoyo a la asociación de víctimas Apafas, cuyo presidente, el oficial del Ejército retirado, Cristóbal González, le trasladó la semana pasada las peticiones de las familias, entre ellas, la creación de un centro de coordinación para el seguimiento de los heridos y los huérfanos y viudos/as de los fallecidos. También le mostró su preocupación porque algunos heridos han recibido facturas con los costes de la asistencia sanitaria. Otra asociación en fase de creación, que promueve el voluntario de la Fundación Avata, Alberto García Tranche, y agrupa a más de 90 damnificados, ha anunciado también su intención de personarse en la causa judicial representando a la asociación ‘Víctimas Alvia 01455″.