Pese a las reticencias del núcleo duro económico de Ciudadanos a seguir invirtiendo en alta velocidad ferroviaria, lo cierto es que el partido de Albert Rivera siempre acotó estas reservas a los nuevos proyectos, apostando por mantener el esfuerzo presupuestario en las líneas que ya están en obras. Esta premisa se observa en el acuerdo suscrito entre el PP y C's, que incluye elnuevo acceso ferroviario a Galicia entre los cuatro únicos proyectos deinfraestructuras que se mencionan expresamente en el acuerdo, todos ellos actualmente en ejecución.

Así, el pacto de investidura entre ambos partidos habla de impulsar «decididamente» el corredor mediterráneo -una de las demandas históricas de Cataluña y el resto de comunidades de ese eje- y el atlántico, que incluye el que une las tres capitales vascas. No se ofrece ningún plazo de finalización para estas obras en los 150 compromisos que ayer rubricaron Mariano Rajoyy Albert Rivera. Tampoco para el AVE gallego. Al respecto del nuevo trazado ferroviario a Galicia se asegura que se «agilizarán los trabajos de ejecución de obras estratégicas como el AVE a Galicia y la variante de Pajares entre León y Asturias, con el fin de garantizar su puesta en funcionamiento en el 2017». A pesar de que la redacción del documento es confusa, los túneles asturleoneses son el único proyecto que contaría con un plazo de finalización -el 2017-, pues el grueso de los trabajos ya está terminado. El plazo oficial para el AVE a Galicia sigue siendo finales del 2018, una fecha que está ya en cuestión debido a los parones intermitentes en las obras y el retraso en la licitación de la variante de Ourense. Sería por tanto una quimera comprometerlo para un año antes. En cualquier caso, la inclusión del AVE gallego y el vasco tiene también una lectura electoral, pues ambas comunidades celebran elecciones autonómicas el próximo 25 de septiembre.

El documento que servirá para que Ciudadanos apoye la investidura de Rajoy apuesta por fomentar el transporte ferroviario de mercancías, así como por impulsar un pacto nacional por las infraestructuras estratégicas para que la acción política en estos asuntos «se guíe por criterios técnicos objetivos y no por intereses políticos». Para ello se creará la denominada Oficina Nacional de Evaluación, que fijará las inversiones prioritarias en los planes de infraestructuras, atendiendo a su rentabilidad social y financiera, así como a «criterios objetivos de eficiencia».