Economía Transportes
Bruselas obliga a España a suprimir las ayudas públicas a Renfe a partir del próximo 1 de julio
BRUSELAS, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
España se ha comprometido ante la Comisión Europea a suprimir las ayudas públicas a Renfe a partir del próximo 1 de julio para evitar que sean declaradas ilegales y deban devolverse.
El Ejecutivo comunitario da la razón así a la patronal del transporte en autobús, Fenebús, que había denunciado en Bruselas la "competencia desleal" de Renfe alegando que estas subvenciones le permiten compensar su déficit y mantener los precios artificialmente bajos.
"Las autoridades españolas deben suprimir las ayudas a partir del 1 de julio de 2010, una fecha que ha sido acordada entre España y la Comisión", explicaron fuentes del Ejecutivo comunitario.
No obstante, Renfe no deberá devolver las subvenciones que ha recibido hasta ahora porque se han otorgado en virtud de un régimen establecido en 1954, es decir, mucho antes de la adhesión de España a la UE.
"La Comisión no va a iniciar ningún procedimiento de infracción contra España ni reclamará la devolución de la ayuda", señalaron las fuentes consultadas. Sin embargo, las subvenciones "se convertirían en ilegales si continuasen más allá" del 1 de julio, precisaron.
La responsable de Mercado Interior en la Dirección General de Energía y Transportes, Anne Houtman, ha emplazado a través de una carta al Gobierno español a suprimir en los plazos previstos (antes del próximo 1 de julio) eventuales compensaciones que pudiera estar recibiendo el AVE, tal como revela 'Expansión' en su edición de hoy.
De su lado, el Ministerio de Fomento y Renfe ya trabajan para especificar contablemente el destino final de las aportaciones estatales que anualmente recibe la operadora con el fin de cubrir el déficit que supone prestar determinados trayectos que no son rentables, pero que se mantienen por contar con carácter de servicio público, informaron hoy a Europa Press en fuentes del sector.
Las mismas fuentes recordaron que la compañía ferroviaria ha comenzado ya a trabajar en el diseño del nuevo contrato-programa (documento que rige su relación con el Estado), ante la conclusión este año del último, puesto en marcha en 2005.
En virtud del contrato-programa, el Estado 'encarga' y 'paga' a la compañía para que preste servicios públicos de Cercanías y Medias Distancias a precios y zonas que, de otra, forma, no serían rentables y competitivos.
Con arreglo a este documento, Renfe percibe un importe anual, si bien en el caso de 2010 la compañía tendrá que recurrir al endeudamiento para cubrir esa cantidad, cifrada en 350 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.
Fuentes oficiales del Ministerio de Fomento se limitaron a asegurar que España "no contempla otro escenario" que el de cumplir con todas las indicaciones y comunicaciones de la Unión Europa, al ser consultadas por Europa Press respecto a la notificación sobre las ayudas estatales que recibe Renfe remitida por la Comisión Europea.
