El Ministerio de Fomento ya tiene tomada una decisión definitiva para el traslado del medio centenar de trabajadores ferroviarios que permanecen en la estación de El Humedal y que hasta el momento han impedido actuar a la piqueta, bloqueando durante muchos meses el desarrollo del plan de vías.

El desalojo de la céntrica terminal diseñado en persona por Elena González Gómez, directora general de sociedades de integración del ferrocarril, filiales y participadas de Adif, plantea el reparto del personal actualmente adscrito a El Humedal en tres sedes diferentes.

Los trabajadores que dependen del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se distribuirán en dos inmuebles: la antigua delegación de Hacienda, en la calle de Anselmo Cifuentes, donde están disponibles las antiguas dependencias de la Subgerencia del Catastro; y unas oficinas en la primera planta del número 21 de la calle de El Carmen que en su día estuvieron ocupadas por Fenit Rail (edificio 'Albatros').

La plantilla de Renfe Operadora será movida, junto a tres trabajadoras de la sociedad Gijón al Norte, a las instalaciones que dejó libre el Instituto Social de la Marina en la Casa del Mar, en El Arbeyal, tras el cambio de ubicación de este organismo estatal al nuevo inmueble construido en Celestino Junquera. El personal administrativo de la sociedad de la gestora del plan de vías ocupa actualmente unas oficinas en el centro de empresas de La Guía, en la avenida del Jardín Botánico.

Las mudanzas apenas acarrearán costes para Adif y Renfe, al tratarse de locales y edificios que pertenecen a la Administración central.

La falta de acuerdo entre los tres socios de Gijón al Norte (Ministerio de Fomento, Principado y Ayuntamiento) para reubicar a los ferroviarios ha sido, desde finales del pasado año, un verdadero lastre para poder avanzar en la operación de soterramiento de la barrera ferroviaria e integración del ferrocarril en la ciudad.

Cuando parecía que todo estaba cerrado a tres bandas para realojar a los trabajadores de Adif, Renfe Operadora y Gijón al Norte en dos plantas del Palacio de Justicia de Poniente, la mudanza se frustró por los altos costes de adecuación del inmueble en materia de obras de climatización. Entonces el Ayuntamiento intentó desatascar el enquistado traslado poniendo encima de la mesa los antiguos juzgados de familia de Donato Argüelles, propiedad del Principado. Una propuesta que Fomento no llegó ni a considerar, lanzándose en el último mes a la búsqueda desesperada de una cesión a coste cero entre el patrimonio del Estado en la ciudad.

Además de las tres sedes en que se repartirán ahora los 50 trabajadores ferroviarios más los empleados de Gijón al Norte, Fomento, a través de la Delegación del Gobierno, examinó también las dependencias que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene vacías en Premio Real, en el barrio de La Arena, y en Eusebio Miranda, cerca de la Plazuela.

 

 

 

El ministerio, que hace unos meses llegó a estudiar la posibilidad de instalar a los operarios en casetas prefabricadas, cambió de criterio de forma radical en las últimas fechas hasta rechazar cualquier opción que implicase desembolsos económicos por la compra o alquiler de un inmueble, así como el cambio de residencia de los empleados de las dos empresas ferroviarias. Por eso al final todos los esfuerzos del accionista mayoritario de Gijón al Norte se centraron en buscar la cesión patrimonial gratuita de edificios propiedad del Estado en la ciudad con servicios e instalaciones de cableado adecuadas para seguir desarrollando las labores que se vienen realizando dentro de la cada vez más deteriorada estación de El Humedal.

El desalojo del personal ferroviario que permanece en la terminal ferroviaria es la llave para poder demoler la vieja instalación construida en los años ochenta, pero también para liberar los terrenos sobre los que se asienta y poder ponerlos en el mercado para que Gijón al Norte empiece a autofinanciarse a unos meses de que se cumplan los doce años de su constitución.

Los trabajos de demolición de El Humedal están contratados desde 2011 y la continua incertidumbre sobre el traslado de los trabajadores hizo que la navarra Erri-Berri, una de las empresas integrantes de la unión temporal a la que se adjudicaron los derribos, se llevase del 'solarón' la enorme máquina que tenía allí parada para poder utilizarla en otros trabajos de desmantelamiento en el resto de España.