ELPAIS.COM
16 mayo 2014
El fiscal niega que Adif incumpliera normas de seguridad en Angrois
El ministerio público vuelve a recurrir la imputación del juez a 11 excargos del ente
Admite que haya responsabilidad civil y apremia las indemnizaciones
Los servicios de emergencias trabajando en el lugar del siniestro / ÓSCAR CORRAL
El juez, amparándose en los informes coincidentes de tres peritos (uno independiente y dos de parte), considera que la línea Ourense-Santiago en la que descarriló el Alvia provocando la muerte de 79 personas no contaba con las medidas de seguridad adecuadas. Aláez imputa responsabilidad penal por ello al director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y a diez miembros del Consejo de Administración de Adif en 2011, cuando se inauguró la línea, incluido a su presidente, Antonio González Marín. Les atribuye un interés político en “la pronta apertura de una línea ferroviaria que resultase atractiva al público”.
Roma admite que “las medidas de seguridad empleadas no han sido suficientes para impedir la producción del accidente”, pero rechaza que ello causase “activamente” el siniestro. “No puede equipararse causar con no haber evitado”, subraya. El fiscal critica que el juez “no concreta” qué norma ha incumplido cada uno de los imputados, elemento clave para atribuirles una responsabilidad penal. También indica que Adif es “una organización compleja y lo cierto es que el material instructorio no permite establecer consecuencias penales” por las múltiples decisiones relacionadas con la curva de Angrois que fue tomando el ente público y que están siendo investigadas por Aláez.
El fiscal también lamenta que diez meses después del accidente “ningún perjudicado ha visto plenamente satisfechas sus pretensiones civiles” de indemnización y matiza que aunque no se encuentre responsabilidad penal en Adif, “para estos supuestos el ordenamiento jurídico prevé la institución de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas”. Esta es la segunda vez que Roma se opone a la imputación de directivos de Adif. Cuando en septiembre Aláez imputó a 27 técnicos y cargos, entre ellos los 11 actuales, el fiscal ya había recurrido pidiendo esperar por los peritajes. La Audiencia Provincial de A Coruña secundó ese planteamiento y levantó la imputación pidiendo a Aláez que recabase más pruebas, en particular a través de los peritajes. El juez sustenta ahora en esos informes —que Roma recuerda que son provisionales— su tesis de que la responsabilidad del accidente no se puede atribuir en exclusiva al maquinista del tren, Francisco José Garzón, imputado desde el siniestro. Él admitió que circulaba despistado y no frenó a tiempo antes de Angrois tras atender una llamada del interventor del tren, pero el juez considera que debía haber medidas de seguridad que evitasen ese error.
Por el contrario, Roma insiste en que el “elemento central y nuclear en la producción del fatal accidente […]es la conducción efectuada por el maquinista imputado, cuya conducta es enormemente imprudente”. Por ello, el fiscal reprocha a Aláez que busque elementos “cada vez más alejados tanto en el espacio como en el tiempo” de esa causa primera del accidente. La resolución de este y los otros posibles recursos que se presenten no llegará a tiempo de parar las tomas de declaración de los imputados. Aláez ha rechazado sus peticiones de retrasarlas para conocer antes el voluminoso sumario de la causa. El juez sí ha admitido que se cambie la primera declaración prevista, del director de Seguridad en la Circulación, del jueves 22 al miércoles 28, así que las comparecencias deberían comenzar el próximo viernes con los vocales del Consejo de Administración de Adif. También está pendiente de producirse la sustitución del juez Aláez, que pidió cambiar de juzgado por motivos personales y al que reemplazará el magistrado Andrés Lago.
