EL GOBIERNO tiene preparada ya la liberalización del transporte de pasajeros por ferrocarril y podría aprobar la normativa en las próximas semanas. Es una decisión positiva que si se hace bien podrá redundar en un mejor servicio y más barato para los ciudadanos. Nadie puede dudar de la experiencia de abrir a la competencia otros sectores en España; el mejor ejemplo es el de las telecomunicaciones, que ha mejorado el servicio y reducido notablemente las tarifas que pagan los usuarios. Aunque el tren tiene peculiaridades, con la normativa adecuada supondrá un paso adelante y colocará a España a la vanguardia europea. La liberalización ferroviaria es un objetivo de la UE y ni Francia ni Alemania han mostrado predisposición a ponerla en marcha.

Como decimos, la entrada de operadores que compitan con Renfe tiene sus riesgos, por lo que el Gobierno tendrá que hilar muy fino en la normativa. Uno de ellos sería preguntarse si tiene sentido que en un proceso de privatización como éste participen empresas públicas de países que no están dispuestos a liberalizar sus mercados. También hay que delimitar muy bien el papel del operador público, Renfe, y del gestor de las infraestructuras ferroviarias -también público- Adif. El transporte ferroviario sólo cuenta con una red, la vía, por la que sólo puede pasar a la vez un operador, y la distribución de horarios y recorridos -surcos se denominan técnicamente- será clave para rentabilizar las líneas. No es igual un AVE que sale de Madrid a las 7.10 de la mañana y llega a Valencia a las 9.00, que se puede llenar de profesionales, que empezar ese viaje a las 8.40 horas. El reparto de los surcos, pues, será una de las claves para asegurar el éxito del proceso. Como también lo serán los peajes que tendrán que pagar -alquiler de material, derecho de acceso a las vías- las compañías que vayan a competir con Renfe, que en ningún momento deberá tener posición preponderante. También deberán estar perfectamente estipulados todos los protocolos de seguridad que se exigirán a los operadores.

Lo cierto es que empresas privadas como Acciona, Globalia y el Grupo Planeta tienen interés en participar en el negocio del transporte ferroviario de pasajeros. Y es así porque en España el tren se ha convertido en un medio competitivo gracias a la modernización llevada a cabo en los últimos años. Se puede criticar que el desarrollo del AVE ha sido demasiado caro -además, conocemos estos días los sobrecostes de algunas obras-, pero ha dotado a España de una infraestructura que compite con el avión y con las líneas de viajeros por carretera. Hemos visto cómo la decisión del Ministerio de Fomento, pilotado por Ana Pastor, de bajar los precios del AVE ha incrementado la demanda y los ingresos de Renfe, aunque haya registrado pérdidas de 81 millones en el primer trimestre de 2014. Si el proceso se hace bien podría ayudar a reconducir las cuentas de la compañía pública.

Pero el final del monopolio de Renfe necesita un marco regulatorio muy bien definido, como manifiestan las empresas interesadas en ese mercado, que asegure una competencia con Renfe en igualdad de condiciones. El fracaso de la apertura a la competencia del transporte de mercancías, que ha perdido cuota de mercado frente a la carretera, pone de manifiesto que la liberalización necesita mucho estudio previo y la participación de los sectores afectados.