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David Reinero Santiago 20 SEP 2013 - 00:00 CET

Responsables de Adif junto a su abogado / ÓSCAR CORRAL

Las declaraciones ante el juez que ayer realizaron los tres inspectores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) con competencias en la línea Ourense-Santiago no habían generado expectación entre las partes personadas en la causa por el accidente del Alvia del 24 de julio. José Antonio García Díez, jefe de Inspección de Seguridad en la Circulación en el Noroeste, y sus subordinados los inspectores Carlos A. G. y Roberto S. A. acudieron al juzgado acompañados por los mismos abogados pagados por Adif que el día anterior escoltaron a sus superiores, el director de Seguridad y el gerente para el Noroeste. Y como ellos repitieron ante el juez Luis Aláez sus mismos argumentos, que no eran responsables de la señalización de la línea y que cumplieron con el reglamento ferroviario.

Según indicaron fuentes conocedoras de sus declaraciones, los dos inspectores y su jefe directo insistieron en que su función es velar por que se cumpla el reglamento y que así lo hicieron en la línea Ourense-Santiago sin detectar ninguna incidencia hasta el 24 de julio, cuando el maquinista Francisco José Garzón, despistado, circuló por la curva de Angrois a más velocidad de la debida y descarriló causando 79 fallecidos. El juez considera que el despiste se pudo paliar con una mejor advertencia de la curva, y por eso llamó a declarar como posibles responsables de esa escasa señalización a los cinco encargados de la seguridad en la circulación. Pero como sus dos superiores que comparecieron el miércoles, los tres técnicos que lo hicieron ayer respondieron a diversas preguntas con “no me consta” o “no me compete”.

Finalizadas estas cinco primeras declaraciones de responsables de Adif, el juez sigue a la espera de diligencias que ordenó, como el análisis del Ipad que llevaba en la cabina el maquinista o el nombramiento como perito de un ingeniero industrial, una vez que ya lo están los ingenieros de caminos y de telecomunicaciones. También deberá esperar a que la Audiencia de A Coruña resuelva el recurso de Adif contra su decisión de llamar a declarar como imputados tanto a los técnicos de seguridad desde que se abrió la línea en diciembre de 2011 como a los miembros desde entonces del Consejo de Administración de Adif, incluidos sus tres presidentes, lo que sumaría 29 nuevos imputados.

El recurso llega a argumentar que esas imputaciones perjudicarían “la imagen pública de la entidad pública empresarial Adif pudiendo incluso afectar al funcionamiento ordinario del máximo órgano de administración de una entidad pública de las características y funciones de esta”.

Pese a ese recurso, ayer varios abogados de las víctimas insistieron en la necesidad de que declare al menos el anterior director de Seguridad, Andrés Cortabitarte, en el cargo hasta 50 días antes del accidente, cuando fue sustituido por Manuel Besteiro, que compareció el miércoles pese a que su responsabilidad era limitada en el tiempo. Ayer mismo el jefe de inspectores, García Díez, reiteró que fue Cortabitarte el que, como permite el reglamento, autorizó hace un año que los Alvia circulen con el sistema de seguridad ASFA, que solo frena el tren al paso por balizas puntuales, en vez de con el ERTMS, que controla constantemente la velocidad pero que daba fallos. También ayer el abogado José Lorenzo, que representa a dos víctimas, apuntó que un aumento de las imputaciones demorará la instrucción del caso, lo que hará que los afectados tarden más en cobrar sus indemnizaciones, y mostró su sospecha de que por eso el fiscal no quiera imputar finalmente más que al maquinista.