Todo listo para que se ponga en marcha la segregación de Renfe en cuatro sociedades, dependiendo de su línea de negocio (viajeros, fabricación, alquiler de material y mercancías). El consejo de administración del gestor ferroviario aprobó ayer el plan de división de la sociedad pública, que llegará hoy al Consejo de Ministros, de cara a la liberalización ferroviaria, que se hará efectiva el próximo 31 de julio. Estas sociedades se repartirán la deuda heredada procedente de la matriz, así como sus competencias (el transporte de viajeros, la actividad de talleres, arrendamiento del material rodante y el transporte de mercancías).

La creación de una sociedad en este último terreno resulta fundamental para uno de los principales propósitos de Renfe: mejorar el margen de transporte de mercancías frente a otros medios, muy inferior al del resto de países de la Unión Europa (UE). Para ello, el equipo del actual presidente, Julio Gómez-Pomar, pretende impulsar alianzas con operadores internacionales para desarrollar este segmento, según ha podido saber este periódico de fuentes del Ministerio de Fomento.

En este sentido, recientemente, Renfe firmó un acuerdo con DB Schenker Rail AG, la filial de logística de la operadora ferroviaria alemana, para cooperar en materias como la liberalización del mercado y la adaptación de las empresas a los servicios logísticos en Europa.

Resultados finales

El consejo del operador también aprobó el informe de auditoría relativo a la cuenta de resultados de 2012, que evidencian una reducción significativa de los números rojos, así como una rebaja de los gastos. Así, según avanzaron fuentes del gestor, además de la exponencial rebaja de las pérdidas, que cayeron un 88%, hasta los 39 millones de euros, se experimentó una mejora en los apartados del resultado operativo (Ebitda), que subió un 48%, hasta los 386 millones; los ingresos se mantuvieron en el entorno de los 2.600 millones, el gasto se redujo en 320 millones y la deuda en 221 millones.

Al mismo tiempo, una comisión interministerial dio su visto bueno ayer al expediente de regulación de empleo (ERE) en el operador, que afectará a cerca de 2.000 trabajadores. Dicho plan de reestructuración tendrá carácter universal y voluntario. Actualmente, la plantilla está integrada por unos 14.950 empleados.

El siguiente paso será la definición de los servicios que se van a abrir a la entrada de competidores. En el caso de los trenes turísticos, la liberalización se pondrá en marcha en el mes de agosto. Para el resto de líneas de larga y media distancia, se espera que el proceso concluya en lo que queda del año. Más tiempo deberá esperar el tren de alta velocidad (AVE), cuyas adjudicaciones, previsiblemente, se dividirá en paquetes «a más largo plazo».