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1 julio 2013

Asturias

El Principado prepara una ley para «coordinar» Renfe y Feve sin financiarlas

El borrador declara de interés regional todos los trenes de pasajeros y mercancías y fuerza a sus dueños a pedir permiso antes de cada cambio

01.07.13 - 00:52-

Ana Pastor desembarcó en el Ministerio de Fomento con una ambiciosa agenda reformista para el sector ferroviario. El primer paso, consumado, fue la desaparición de Feve como empresa independiente. El segundo, en trámites, la 'poda' de los servicios de Media Distancia de Renfe que menos pasajeros movían. En las próximas semanas, la ministra le ha comprometido con Bruselas a liberalizar los trenes turísticos, lo que podría suponer el traspaso del 'Trancantábrico' a manos privadas. El rumbo está fijado y los cambios son de calado. El equipo ministerial tramita un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario en Renfe y el Adif, quiere segregar las sociedades en nuevas empresas, y facilitar la entrada de operadores privados, como el grupo Alsa.

Cada paso ha tenido consecuencias en Asturias. El regional Gijón-Madrid redujo su oferta a la mitad. En breve se conocerá qué frecuencias suprimirá Feve en Asturias. El Ejecutivo autonómico asiste al carrusel tratando de hacer valer su voz ante un ministerio que, esta vez, es de signo político distinto. La interlocución se vio dificultada cuando tocaba tratar asuntos de gran voltaje político, como la variante de Pajares y el ancho de vía. En la cuestión Fomento logró aislar a su cúpula y cerrar toda información incluso a sus colegas del PP asturiano.

El anteproyecto de Ley de Transportes y Movilidad Sostenible que la Consejería de Fomento ha puesto a información pública trata de limitar episodios de este tipo. El texto prentende hacer valer las competencias autonómicas para forzar al ministerio a que someta a consulta autonómica sus cambios en el sector ferroviario.

Para lograr el objetivo, la consejería pretende que la Ley declare como «servicios ferroviarios de interés del Principado aquellos servicios de transporte de pasajeros y mercancías que, realizados en ferrocarril, discurran íntegra y exclusivamente por el territorio del Principado, con independencia de su titularidad». La expresión afecta así a todas las conexiones actuales, excepto las de media y larga distancia. Por si había dudas, el documento remarca que estos servicios de «interés del Principado» pueden desarrollarse sobre infraestructura de titularidad autonómica pero también «estatal».

El borrador indica que todos los servicios de interés regional «se prestan en régimen de libre competencia». «El Principado podrá ejercer las competencias para planificar y coordinar los servicios ferroviarios de interés del Principado», subraya el anteproyecto. «Siempre que se pretenda establecer o modificar los servicios ferroviarios de interés del Principado prestados por entidades seleccionadas o dependientes de Administraciones Públicas o alguno de sus elementos deberá contarse con el previo informe del órgano competente del Principado», mandata el documento. Ese informe autonómico «determinará las características mínimas de los servicios que se pretenden establecer o modificar», agrega.

La literalidad de la propuesta supone que Renfe, Feve y los operadores privados que entren en el mercado de pasajeros y mercancías se verán en la obligación de solicitar el plácet del Principado antes de modificar la actual cartelera de servicios. De salir adelante la norma en estos términos, la Administración regional se garantiza un papel como «coordinador» del sector ferroviario, a pesar de que ni las empresas que operan en el mismo ni la infraestructura sean de su titularidad.

A diferencia de Cataluña o el País Vasco, Asturias no solicitó que le fueran trasferidas las Cercanías, una opción que el estatuto de autonomía dejaba abierta. La norma máxima del ordenamiento jurídico regional contempla como competencia exclusiva de la autonomía «los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio» de la comunidad, imitando una expresión utilizada en otros estatutos.

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