La Comisión Europea exige reducir los cánones de acceso al Túnel del Canal
 
 
 
Considera que la excesiva cuantía que deben pagar las empresas operadoras de mercancías y de pasajeros están ahogando el crecimiento de los tráficos y perjudicando a todo el sector ferroviario

La Comisión Europea ha realizado una petición formal a los gobiernos británico y francés para que apliquen la regulación europea sobre el cobro de cánones de acceso a las vías para trenes de mercancías y de pasajeros en el Túnel del Canal, que han sido calificados de “excesivos” por el comisario de Transportes, Siim Kallas.

 

(01/07/2013) Según la Comisión Europea, Francia y Gran Bretaña no han cumplido las directrices del Primer Paquete Ferroviario (Directivas 91/440/EEC) y 2001/14/EC, ahora sustituidas por la denominada Refundición Ferroviaria), porque los cánones de acceso a la infraestructura no están basados en los costes directos de la inversión a largo plazo de la construcción del túnel.

En una declaración realizada el pasado 20 de junio, la Comisión Europea alega que el canon típico en el caso de un único surco para un tren de viajeros, dependiendo de la hora del día, es de 4.320 euros más 16.60 euros por viajero a bordo, mientras que el canon para las mercancías es de al menos 3.645 euros. La Comisión afirma que estos cánones están ahogando el crecimiento de los tráficos, con un promedio de sólo seis trenes de mercancías que usan diariamente el Túnel, lo que significa un 43 por ciento de su capacidad sin utilizar.

Financiación del sector privado

Sólo 2.325 trenes de mercancías utilizaron el Túnel del Canal el año pasado, frente a los 2.388 de 2011 y los 2.718 de 2008. "No se está aprovechando toda la capacidad del Túnel del Canal debido a los excesivos cánones”, afirma Kallas. “Como consecuencia de ello, se están transportando más mercancías por camión que por ferrocarril. Se les está cobrando en exceso a las empresas operadoras de mercancías y a sus clientes, mientras que los pasajeros están pagando en demasía por sus billetes. El régimen actual está también ahogando el crecimiento en el sector ferroviario”, añade.

Eurotunnel señala, que, a diferencia de la mayor parte de las infraestructuras ferroviarias en Europa, los 15.000 millones de euros de inversión en el Túnel del Canal fueron financiados totalmente por el sector privado, y que esa inversión se realizó basándose en los pronósticos de tráficos calculados por los gobiernos francés y británico y sus compañías ferroviarias públicas. También alega que los cánones de acceso son proporcionales a los que se aplican en las redes nacionales francesa y británica.

Falta de transparencia

Eurotunnel afirma que Eurostar le está acusando de falta de transparencia en sus cánones de acceso correspondientes a 2014, pero asegura que es el mismo contrato que ha estado en vigor desde 1994.

La Comisión Europea muestra también una actitud crítica hacia el regulador del túnel, la Comisión Intergubernamental (IGC). Este órgano está formado por representantes de los gobiernos francés y británico, y, como resultado de ello, no cumple con la legislación europea, porque no es plenamente independiente de los operadores de trenes y gestores de la infraestructura. La Comisión Europea señala que Eurostar está controlada por SNCF y London & Continental Railways, ambas empresas públicas.

No se han solucionado las infracciones

Eurotunnel piensa que la IGC ha retrasado el lanzamiento de los servicios ferroviarios de los Ferrocarriles Alemanes a través del túnel. Hace aproximadamente quince días se les concedió un permiso de circulación tras tres años de estudios.

El acuerdo realizado en 1987 entre Eurotunnel y algunos operadores, que asigna capacidad a estos clientes durante 65 años, se considera también ilegal según la legislación europea por su excesiva duración.

La Comisión Europea envió en 2011 una notificación formal a los gobiernos británico y francés sobre estos temas, y afirma que en ese momento confiaba en que se resolvieran estas cuestiones mediante negociaciones, pero las infracciones no se han abordado.

Los dos países disponen ahora de dos meses para responder a esta última notificación y si no actúan, la Comisión llevar el caso ante el Tribunal de Justicia.

Eurotunnel afirma que si realizan cambios en su concesión que no sean del interés de sus 300.000 accionistas, pedirá una indemnización a los gobiernos francés y británico.

 

(FUENTE VIA LIBRE)

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