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3 mayo 2016

Las empresas preparan la batalla legal contra Fomento por el AVE a La Meca

Ana Pastor, ministra de Fomento en funciones, en un viaje a las obras del AVE entre Medina y La Meca en enero de 2015. Foto: Efe.

Las empresas privadas que conforman el consorcio que desarrolla la línea de alta velocidad entre Medina y La Meca, en Arabia Saudí, están dispuestas a plantar batalla judicial al Gobierno español por los sobrecostes asociados al proyecto, que inicialmente contemplaba inversiones superiores a los 6.700 millones de euros. Renfe espera beneficios pese a bajar en 40 millones la previsión de pasajeros.

Según fuentes conocedoras del proceso, ya han puesto a trabajar a sus abogados para que analicen cuidadosamente el caso, ante la amenaza de que el Ministerio de Fomento trate de obligarlas a asumir las eventuales pérdidas de las empresas públicas.

La desviación sobre el presupuesto original se situará en una horquilla que, según fuentes próximas al consorcio, oscila entre los 600 millones y los 1.800 millones -la cifra más extendida que se maneja en este momento es de 1.000 millones-.

El grueso de este desfase corresponde a la fase de operación, cuya responsabilidad recae mayoritariamente sobre las compañías públicas Renfe y, en menor medida, Adif. Además de éstas, también integran el consorcio la ingeniería pública Ineco y las empresas privadas Talgo, Cobra (ACS), Copasa, Inabensa (Abengoa), Indra, OHL, Imathia, Consultrans y Dimetronic, junto a las saudíes Al Shoula y Al Rosan.

El conflicto surge por quién debe asumir los sobrecostes incurridos que, en cualquier caso, "hasta el momento no han sido cuantificados en conjunto, aunque sí hay estimaciones (los 1.000 millones referidos)", según apuntan varias fuentes. Una parte deriva de las peticiones adicionales realizadas por el cliente (Saudi Railway Organization -SRO).

El caso de los talleres

Para ello se creó la denominada bolsa de riesgos. Sus fondos, sin embargo, se agotaron ya hace varios meses. El destino de este dinero y la ausencia de información previa generó importantes discrepancias con el consejero delegado del consorcio Santiago Ruiz.

En este punto, las autoridades saudíes han admitido algunos pagos que no estaban previstos, pero no todos. El consorcio tendrá que negociarlos. Es el caso del taller de La Meca, cuyo presupuesto se ha disparado respecto a las previsiones. Renfe, cuyo presidente Pablo Vázquez también lo es del consorcio, ha logrado que Arabia Saudí acepte reducir su tamaño y, con ello, su inversión.

A cambio, sin embargo, el operador español tendrá que agrandar el taller temporal (conocido como el minidepo) que tuvo que construir por la petición del cliente de que Talgo entregara anticipadamente un tren para iniciar las pruebas, según fuentes del consorcio. De esta forma, habrá tres talleres (el de Medina está ultimado), como se contempló en un inicio.

El ejemplo de los talleres es uno de los más relevantes, porque los sobrecostes se cuentan por varias decenas de millones de euros. En ese punto, según fuentes de varias empresas, Renfe habría planteado repartirlos entre todo el consorcio, a lo que el resto de miembros se ha negado en redondo. De acuerdo con las compañías, el contrato delimita claramente las actuaciones de cada una de ellas y no contempla que las pérdidas de uno (o unos) puedan socializarse entre todos.

Es una opinión expresada por altos directivos de las compañías tanto públicas -incluida Renfe- como privadas del consorcio, que defienden que las empresas responden solidariamente entre sí ante el cliente, pero en ningún caso, sostienen, se deben hacer cargo de las pérdidas - o los sobrecostes- del resto.

Esto contrasta con la posición oficial -y pública- del Ministerio de Fomento. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha repetido que todas las empresas responden solidariamente de la prestación del servicio. Fuentes del departamento que dirige en funciones Ana Pastor insisten en que el contrato así lo recoge.

"El constructor quiere construir y marcharse. No quieren asumir riesgos adicionales. Las empresas del consorcio deben ser solidarias entre ellas y esa es la interpretación que hay que darle al contrato. Si no, se hubieran hecho dos consorcios, uno para la construcción y otro para la operación", explican.

En este punto, las discrepancias entre las empresas y Fomento se multiplican, porque de ello subyace que si Renfe incurre en pérdidas en la fase de operación, como así lo ha sugerido en alguna reunión del consorcio por la rebaja de las previsiones de pasajeros, todas las compañías tendrían que soportarlas. Altas instancias del consorcio, próximas al operador, no obstante, aclaran que sus proyecciones siguen contemplando la consecución de resultados positivos.

Ante las eventuales pérdidas de Renfe, son varias las firmas privadas que ya han puesto en manos de sus abogados toda la documentación vinculada al contrato para, llegado el caso, elevarlo a los tribunales. En un momento en el que la contratación pública en España está por los suelos, las empresas están dispuestas a enfrentarse al Ministerio si éste termina por exigir la socialización de los sobrecostes que, a su juicio, no les corresponden, como el agujero que pueda generarse en Renfe.

Fuentes del sector público consideran que se trata sólo de medidas "preventivas" para evitar que Fomento tome esa vía. Desde las empresas inciden en que quieren disponer de todas las armas legales por si han de actuar, "aunque sea dentro de tres años".

La licitación de AVE en España cae un 85,4%

La licitación de nuevas obras de construcción de líneas ferroviarias de Alta Velocidad (AVE) descendió un 85,4% en el primer trimestre del año, hasta suponer 65,4 millones de euros, frente a los 447,3 millones de euros que alcanzó un año antes, según recoge 'Europa Press'.

De esta forma, la promoción de trabajos de AVE apenas supuso el 3% del total de obra pública licitada entre los pasados meses de enero y marzo, frente a la tasa del 16% que representó en el mismo periodo del ejercicio anterior.