Las «irregularidades» de Feve van a juicio

Obras de soterramiento de la línea de Feve en Langreo, que iban a recibir al tren-tran. / J. CARLOS ROMÁN

Las denuncias abortaron la compra de trenes-tran para Langreo. El Tribunal de Cuentas carga contra los gestores del PSOE y critica a los del PP
La Audiencia Nacional, la Provincial y el Tribunal de Cuentas revisan operaciones de más de 55 millones
- RAMÓN MUÑIZ
- OVIEDO
La historia de Feve se reescribe en los tribunales. El Juzgado de Instrucción de Oviedo, la Audiencia Provincial y la Nacional han visto este año causas sobre supuestos delitos cometidos en la hoy extinta empresa pública. Las denuncias llegan aupadas por informes del Consejo, Abogacía e Intervención General del Estado, todos elaborados durante la legislatura actual y cuyas tesis, al menos de momento, no comparten los jueces de lo penal.

El último organismo en sumarse a la crítica es el Tribunal de Cuentas, con una revisión de lo sucedido en la entre 2005 y 2012. El trabajo define «irregularidades», centra los reproches en los gestores socialistas pero también da alguno a los populares, y aporta claves de un caso ruinoso: los trenes-tran para Langreo que no solo no vendrán a Asturias, sino que amenazan con causar un agujero de 47 millones a las arcas públicas.
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En la época estudiada, Feve aumentó su deuda desde los 191 hasta los 569 millones. El dinero de los bancos y los impuestos se fue en trenes, estaciones y vías, un catálogo de inversiones que alcanzó los 675 millones, 154,4 de ellos gastados íntegramente en Asturias. El desembolso no convenció a los usuarios. En el 2005 los trenes de ancho métrico movían cada día a 14.000 viajeros por la región; en 2012 tenían 6.000 pasajeros menos.

¿A qué obedece tan pobre rédito? El Tribunal de Cuentas estima que la mayoría de las obras sufrió «alteraciones sustanciales, en su ejecución, en la prioridad dada a su necesidad o a su destino final, respecto a las previsiones iniciales». Los vaivenes se daban con cada cambio de directivos y evidencian «una escasa racionalidad en las decisiones de inversión (...), defectos en la planificación y en el seguimiento de la ejecución».

El caso que quizás deje peor factura es de los trenes-tranvía (tren-tran). A finales de 2009 la empresa presidida por el socialista Ángel Villalba convocó un concurso para adquirir cuatro unidades para Murcia por 16 millones. «A la licitación acudieron tres empresas, de las que dos presentaron propuestas muy superiores a los 16 millones (26,4 y 35,8) lo que carece de lógica contractual», aprecia el informe. La tercera aspirante fue eliminada por no tener suficiente nivel técnico. La puja quedó desierta y Feve inició un procedimiento negociado sin publicidad, con los mismos fabricantes, para encargar una remesa similar, esta vez a destinar a León. La ferroviaria anima las conversaciones comprometiéndose a que en dos años ampliaría el pedido en 24 unidades.

El Tribunal señala que Feve estaba facultada para iniciar este proceso restringido, pero sin hacer grandes cambios sobre el concurso inicial. Pasar de cuatro a 28 trenes es «una modificación sustancial, que hubiera podido suscitar el interés de más fabricantes». Ceñir a tres los aspirantes vulnera «claramente los procedimientos de transparencia y publicidad».

El Tribunal no consideró las alegaciones de Villalba por llegar fuera de plazo. En ellas el expresidente afirma que esta estrategia la aplicó la empresa en una compra anterior que tuvo el visto bueno de Intervención General del Estado (IGAE). Agrega que además fue provechosa para Feve, pues logró que el fabricante, que al principio exigía 9 millones por cada tren, rebajara su factura a los 3,8.

Tranvías para Asturias

En mayo de 2010 el contrato se lo lleva Vossloh. Un mes más tarde Feve hace los primeros cambios. En marzo del 2011 pide cuatro tranvías más para la línea Pola de Laviana-Gijón. «Las obras de estas infraestructuras únicamente estaban proyectadas, pero no llegaron a licitarse», señala el informe del Tribunal. El dato no es correcto, opone Villalba: para entonces el Principado llevaba año y medio pagando las obras del soterramiento de Langreo.

La victoria del PP trajo un nuevo equipo. A Villalba le releva en enero del 2012 Marcelino Oreja Arburúa. Dos meses más tarde, la IGAE advierte de «la existencia de dos irregularidades gravísimas» en el proceso seguido. En abril, Abogacía del Estado confirma que los vicios hacen nulo de pleno derecho todo el pedido.

El equipo de Oreja formula alegaciones a los informes y firma con Vossloh un nuevo cambio; pide que los trenes sean de tracción diesel en vez de eléctricas, para que puedan operar en más líneas. Los informes técnicos apuntan a que esa es la única fórmula para poder revenderlos o darle utilidad al margen de un soterramiento que ya no interesa a Feve.

En octubre, el equipo de Oreja asume el problema jurídico, y pregunta Abogacía si, pese a haber cambiado el pedido, está a tiempo de anularlo. El letrado reprocha la falta de coherencia pero insta a romper el contrato. «La demora de, al menos, seis meses en la solicitud del inicio del procedimiento de revisión de oficio desde el primer informe de la Abogacía del Estado ha podido perjudicar los intereses económicos públicos, pues en ese periodo se siguió ejecutando el contrato», advierte el Tribunal de Cuentas. Esa decisión «puede haber incrementado el importe de los daños y perjuicios a indemnizar al contratistas, en el caso de que se considere a Feve como culpable de la nulidad», razonan.

El equipo de Oreja responde

Fuentes de la directiva de Marcelino Oreja insisten a EL COMERCIO que «el error clave es comprar trenes para los que no existía una red». Recuerdan que «teníamos técnicos urgiéndonos a negociar con el fabricante para que a los trenes se les pudiera dar algún uso, revenderlos». La anulación del contrato «nos parecía complicada, pues el contratista alegaría que no tenía culpa de los errores de los anteriores gestores», aseguran.

El temor era bien fundado. Una vez desaparecida Feve a finales de 2012, el problema lo heredó Renfe, quien pidió una auditoría para calcular el dinero que se debía a Vossloh. Los técnicos cifraron en 43,8 millones el trabajo realizado, de los que la parte pública había ya avanzado 6,1.

En septiembre del 2013 el ministerio declaró nulas las adjudicaciones, tras recibir un informe del Consejo de Estado que constata «irregularidades de especial gravedad» cometidas por una dirección que tuvo una «voluntad deliberada de violentar las reglas», ocasionando un «quebrando del interés general y el perjuicio a la propia Hacienda Pública».

Renfe aprovechó el dictamen para reclamar a Vossloh la devolución de los 6,1 millones ya abonados. El contratista contraatacó con una demanda civil en la que pide se le indemnice por 47 millones y un recurso en el que denuncia que la anulación del contrato se hizo con ilegalidades. La disputa se está inclinando del lado del fabricante. Este mayo, la Audiencia Nacional estimó su recurso contra la anulación del contrato. La resolución de Fomento la había firmado la secretaria general de Transportes, cuando el asunto requería que lo hiciera su superior, la ministra Ana Pastor. El auto es recurrible ahora ante el Supremo.

La situación es paradójica. La «gravedad de las irregularidades» hacen que el Tribunal de Cuentas vea «bastante probable» que Renfe acabe pagando «una elevada indemnización derivada de los perjuicios ocasionados por las actuaciones de Feve». A la vez, el ministerio completa un tramo de tren-tran en León «para el que Renfe no dispone de vehículos que puedan operar en él, al haberse declarado la nulidad de los contratos para la adquisición de trenes». La suerte del soterramiento de Langreo no es mucho mejor: el Principado avanza las obras, pero Fomento se niega a poner vías y trenes en ese túnel.