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11 diciembre 2018

Víctimas del Alvia quieren una imputación para Renfe

Recurren el cierre de la instrucción y reclaman que declare el antiguo jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea

Antonio Lanchares, director de seguridad de Renfe - FOTO: ECG

Antonio Lanchares, director de seguridad de Renfe - FOTO: ECG
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    JAVIER FERNÁNDEZ    

Que se continúe el procedimiento contra el exdirector de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, y contra el responsable de seguridad de Adif en la zona noroeste, Fernando Rebón, y pedir la declaración del exjefe de la unidad de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr, son dos de las exigencias que se incluyen en el recurso del auto del cierre de investigaciones presentado por el letrado Manuel Alonso Ferrezuelo, en representación de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago acordó el cierre con dos investigados: el maquinista, que circulaba con un exceso de velocidad aquel día y el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, a quien atribuye deficiencias en el análisis de riesgos de la línea.

En el recurso, el abogado recuerda que la Agencia Ferroviaria Europea establece que "la responsabilidad de evaluar los riesgos antes de la puesta en servicio de la línea no es algo exclusivo del administrador de la infraestructura (Adif), sino que también compete a la empresa ferroviaria (Renfe)". E incide en que esto es así "en aplicación de la legislación vigente en el momento de puesta en servicio de la línea". De este modo, subraya que "Renfe debe ser garante y tiene responsabilidad de los posibles riesgos en la nueva línea" y añade que "debería haber controlado a través del correspondiente análisis de riesgo dicha circunstancia".

El letrado va más allá al afirmar que "el motivo" por el que solicita "que se deba abrir juicio oral" a Lanchares "como máximo responsable de la seguridad en Renfe no solo es por esa ausencia de un análisis de riesgo previo a la puesta en marcha de la línea, sino también por la desconexión del ERTMS", el sistema de control continuo de la velocidad. Dicha desconexión, destaca, supuso "un cambio significativo en la seguridad de la línea" y "era conocida tanto por Adif y por Renfe".

A todo esto, agrega "un hecho muy significativo" que es el aviso de un jefe de maquinistas que detectó "graves irregularidades en al curva donde se produjo la catástrofe". "Lo puso en conocimiento de sus jefes, quienes, parece ser, no hicieron nada", denuncia.

"SUPERVISAR O AL MENOS REVISAR". Quien "estuvo presente en una reunión en la que se trató el aviso" de ese jefe de maquinistas fue Fernando Rebón, el entonces, y aún ahora, gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste de Adif.

Sobre él, Ferrezuelo resalta que tenía que "supervisar o al menos revisar que se hubiese cumplido la normativa respecto al alta de una nueva línea en su demarcación territorial".

El hecho de que Rebón manifestase en su declaración ante el juez que "la línea ya le viene dada de alta", argumenta el abogado de las víctimas, "no es óbice para que en su condición de gerente de la seguridad de esa zona territorial tuviese que supervisar o al menos revisar" estas circunstancias.

Por último, apela a la "lesión y/o vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" en relación con el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa para rechazar que el juez deniegue la toma de declaración del exjefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr.

"El motivo por el que se deniega es que ya ha contestado por escrito a preguntas que le fueron formuladas por las partes" y "por esa regla de tres no se debería haber tomado declaración a ninguno de los peritos", aduce el letrado de las víctimas.

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