La juez Nieves Molina ha cerrado la investigación abierta por el accidente de metro ocurrido en Valencia en julio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. La instructora ha procesado a la entonces gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, y a otros siete directivos, según un auto difundido por el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha tomado esta decisión "vinculada" por la orden de la Audiencia Provincial de Valencia de reabrir la causa, que entendió que podía haber indicios de delito. La juez repasa en un auto hecho público este lunes todas las actuaciones llevadas a cabo y acuerda la incoación de procedimiento abreviado. Ahora se abre el plazo para posibles recursos, escritos de acusación y, si procede, la apertura de juicio.

Ante esta orden de reapertura y de llamar a declarar como investigados a los directivos por parte de la Audiencia, la juez señala que "irremediablemente" no puede atender las peticiones de sobreseimiento que han solicitado las partes.

Los procesados, además de Marisa Gracia, son Manuel Sansano, director de Operaciones de FGV; Juan José Gimeno, responsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación; Luis Miguel Domingo Alepuz, jefe de Talleres de València Sud; Sebastián Argente, jefe de la Línea 1; Vicente Contreras, director adjunto de la Explotación; Francisco García, director técnico y miembro del Comité de Seguridad y Francisco Orts, responsable de estudios y proyectos, en aquel momento.

La titular del juzgado de Instrucción acordó el archivo del caso en marzo de 2007 y este fue confirmado por la Audiencia Provincial en mayo de 2008. Cinco años después, en 2013, la Fiscalía solicitó la reapertura de la investigación ante la aparición de nuevos elementos a investigar, pero la magistrada la rechazó y tuvo que ser la Audiencia Provincial quien ordenara la reapertura del caso en 2014.

La juez consideró que la causa del descarrilamiento, tal y como había apuntado el informe policial, había sido la velocidad excesiva. Para la magistrada, la responsabilidad penal se había extinguido con el fallecimiento del conductor, Joaquín Pardo.

La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio se manifestó durante casi una década, el día 3 de cada mes, para exigir "un juicio justo" sobre un tragedia que se saldó sin ninguna dimisión política. Los abogados de la asociación de víctimas han defendido que existe una relación directa entre la falta de medidas de seguridad y las muertes resultantes.

Rosa Garrote, presidenta de la (AVM3J) -asociación que ha criticado públicamente varias de las decisiones de la instructora-, ha declarado tras conocer la resolución de la juez Molina: "Es lo que estábamos esperando, estamos muy contentos de por fin cerrar este paso de la instrucción, que nos acerca cada vez más a hacer justicia".