Andrés Cortabitarte, el cargo público más señalado por el instructor del caso Alvia, sostiene que está imputado por un malentendido de los jueces sobre las atribuciones de su puesto. El ingeniero, que ocupó durante siete años la jefatura de Seguridad en la Circulación de Adif con más de cien personas a sus órdenes, se ha presentado este miércoles ante la comisión del Congreso de los Diputados sobre el descarrilamiento de Santiago como un directivo con mínimas competencias en la construcción y puesta en servicio de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago en la que descarriló el tren. “Se me señala como responsable cuando mi intervención en una obra de 12 años en la que participaron cientos de personas se circunscribe a la primera semana de diciembre [de 2011, cuando se inauguró] y a tres o cuatro reuniones previas”, ha alegado Cortabitarte ante los grupos políticos, mientras una concentración de víctimas del siniestro que acabó con la vida de 80 personas en julio de 2013 pedía su cese a las puertas de la Cámara.

Cortabitarte sostiene que “no era evidente” el riesgo en la pronunciada curva de Angrois en la que el maquinista debía pasar de 200 a 80 kilómetros por hora. El ingeniero, con 36 años de carrera en el sector ferroviario, ha desdeñado la alerta que sobre esta brusca reducción de velocidad dio a sus superiores el jefe de conductores de Ourense, un aviso que fue ignorado. Y ha concluido que “todos los accidentes son evitables a posteriori”. “Hubo una persona que se lo comunicó a no sé quién por cauces atípicos”, ha afirmado. “¿Nos atrevemos a decir que [el riesgo] era evidente porque lo vio una persona?”.

A esta alerta ignorada se ha referido también este miércoles en el Congreso de los Diputados el exjefe de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, otro de los imputados en el caso y el único cargo investigado que ha dimitido. Lanchares ha alegado que el aviso no llegó a su departamento por los canales “protocolizados” en la empresa.

Desconexión del freno automático

El juez del caso investiga las presuntas responsabilidades de Cortabitarte y Lanchares en el accidente, entre otras cosas, porque fueron ellos los que, un año antes del descarrilamiento, propiciaron la desconexión en los trenes Alvia del sistema de frenado automático ERTMS que hubiera parado la máquina antes de la curva de Angrois. En junio de 2012 Lanchares remitió una carta a Cortabitarte solicitando esta supresión porque problemas técnicos provocaban retrasos en un servicio de alta velocidad que publicitaba su puntualidad. "No cabía otra solución", ha esgrimido Lanchares apelando a dos normas que fijan los requisitos de estos equipos. "Si un equipo no es fiable se produce una circulación en condiciones degradadas".

El jefe de Seguridad de Adif aceptó la propuesta de su homólogo en Renfe en solo 24 horas y sin que se realizara ninguna evaluación de riesgos de tal medida. “No hacía falta discutir nada”, ha alegado Cortabitarte. El exjefe de Seguridad de Adif, que ahora dirige una subdirección de la empresa pública pese a su imputación, ha llegado a asegurar que esta desconexión “no tuvo nada que ver con el accidente”. Sin embargo, a preguntas de la socialista Pilar Cancela, ha entrado en contradicciones y ha reconocido que el ERTMS detiene los trenes si al pasar por una zona de transición desde otro sistema de frenado el maquinista no responde a una alerta. "El tren no hubiera llegado a 179 a la curva;, ahora bien, esa es una suposición más de las muchas", ha admitido.

La diputada de En Marea Alexandra Fernández ha reprochado al exjefe de Seguridad de Adif que tanto el fabricante de la tecnología, la compañía Bombardier, como uno de los expertos en estos equipos que ha comparecido en la misma comisión abogaron por no desconectar el freno automático y afrontar los fallos en el sistema reduciendo la velocidad de circulación del tren. "El ERTMS no era preceptivo en la línea y no lo será hasta 2030", se ha defendido Cortabitarte.