Este martes 3 de julio se cumplen 12 años de la mayor catástrofe que ha vivido Valencia desde la riada de 1957.

A las 13.03 horas de la tarde del 3 de julio de 2006 un convoy de la línea 1 de Metrovalencia descarriló en la curva anterior a la estación de Jesús, llevándose por delante 43 vidas y dejando marcadas otras 47 que sufrieron heridas.

Desde entonces, los familiares de las víctimas se han concentrado todos los días 3 de cada mes en la plaza de la Virgen bajo el lema '43 muertos+47 heridos=cero responsables' con el que reivindicaban unas investigaciones serias, tanto judiciales como políticas, así como medidas para mejorar la seguridad en el metro y la asunción de responsabilidades por parte los gobernantes del PP.

Además, cada día 3 de julio realizaban un gran acto para seguir visibilizando su lucha y para recordar a sus seres queridos.

Doce años después, como explica la actual presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, Rosa Garrote, han logrado la mayoría de estos objetivos y por tanto han descartado realizar actos públicos.

"Consideramos que es momento de ir recuperando la normalidad y de retornar a nuestras vidas", ha comentado. No obstante, a título particular sí que habrá una ofrenda floral a las 13.00 horas en el monumento erigido sobre la curva del accidente.

Garrote ha recordado que, tras el acceso de la izquierda al Gobierno autonómico, la comisión de investigación de las Corts Valencianes aprobó en 2016 el dictamen que achaca el siniestro a la falta de seguridad y culpa al PP y a Francisco Camps de vejar a las víctimas e intentar ocultar la verdad.

Tienen, eso sí, "la espina clavada de que, a pesar de la resolución de la comisión, las Corts no tiene competencias para cesar a Camps de su cargo en el Consell Jurídic Consultiu, pero al menos quedó retratado y así consta en el Boletín Oficial de las Corts".

Además, se ha aprobado la Ley de Seguridad Ferroviaria que pretende evitar que se vuelva a producir un accidente similar.

Pero sobre todo, Garrote ha destacado que se ha logrado "el reconocimiento de toda la sociedad valenciana y española, un reconocimiento que por el archivo judicial de la causa y por el paso de los años se fue diluyendo, pero que se recuperó con mucha fuerza con el impacto del programa Salvados y con la reapertura de la investigación judicial".

Precisamente, pasada la página de la reivindicación a pie de calle, este es el frente en el que la asociación se va a centrar a partir de ahora, ya que la entidad está personada en la causa como acusación particular.

Y es que, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó el pasado mes de febrero al juzgado instructor la reapertura de la causa del accidente, archivada previamente hasta en dos ocasiones, y tomar declaración a los investigados por el siniestro.

La exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)  Marisa Gracia, declaró hace dos semanas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València que entre sus atribuciones no se encontraba la de la seguridad ferroviaria.

"No sabemos lo que pasará en el proceso judicial, pero al menos estamos satisfechos con que los responsables de la implantación de las medidas de seguridad en los trenes de FGV en aquel momento tengan que responder ante el juez", ha concluido Garrote.