Lo ha intentado evitar por todos los medios y lo ha conseguido. Andrés Cortabitarte, jefe de Seguridad en la Circulación de Adif cuando entró en funcionamiento la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, se ha negado este martes a declarar ante el juez Andrés Lago Louro, titular del juzgado número 3 de Santiago que instruye el descarrilamiento del Alvia en la capital gallega el 24 de julio de 2013. El directivo de la empresa pública de gestión ferroviaria, dependiente del Ministerio de Fomento, se ha refugiado en el silencio tras ser citado como investigado por 80 homicidios por imprudencia y 144 delitos de lesiones, el trágico balance de víctimas de aquel accidente que sacudió España hace cuatro años.

El único cargo público señalado por su presunta responsabilidad en el siniestro, que este martes ha sido recibido en los juzgados por una protesta de las víctimas del accidente, logró primero retrasar la citación judicial, fijada en un principio para el pasado 23 de marzo, alegando problemas de salud. Luego solicitó sin éxito que no se celebrase la comparecencia hasta que no se resolviese el recurso que ha presentado contra su imputación ante la Audiencia Provincial de A Coruña. Y ahora se acoge a su derecho a no declarar.

Es la tercera vez que el exjefe de Seguridad de Adif y actual subdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la empresa es imputado por el siniestro del Alvia, pero en las otras dos ocasiones tampoco llegó a ser interrogado. En una ocasión la imputación de Cortabitarte junto a otros cargos públicos ferroviarios fue revocada por la Audiencia antes de que acudiese a los juzgados y en la otra también se acogió a su derecho a no declarar.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha pedido al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que cese a Cortabitarte de su actual cargo en Adif. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, esgrime que, aunque "está en su derecho constitucional" de no declarar, "no está colaborando con la justicia" como Fomento siempre prometió a los afectados por la tragedia. "Hay una clara intención de dilatar el proceso", denuncia Domínguez.

Tras cerrar la instrucción con el maquinista del Alvia como único encausado y ser obligado a reabrirla por la Audiencia Provincial de A Coruña, el juez Lago Louro sostiene ahora que el accidente no fue provocado solo por un despiste del conductor, que se adentró en la curva de Angrois a casi 200 kilómetros por hora cuando debía hacerlo a 80. El instructor defiende que la línea de alta velocidad Ourense-Santiago entró en funcionamiento pese a que existía “una situación de riesgo” en ese punto de entrada a la capital gallega por exceso de velocidad, ya que estaba precedido de una recta en la que se podía circular a 200 kilómetros por hora, lo que obligaba a una brusca reducción a 80.

Ese peligro, sostiene el juez, fue “convenientemente detectado y comunicado” a Adif por la constructora e Ineco, empresa de ingeniería pública que trabaja para Fomento. Pero el gestor ferroviario, pese a tener la “obligación normativa y técnica” de evaluar y amortiguar ese riesgo hasta hacerlo “tolerable”, “no cumplió con dicho deber” y exportó el peligro al maquinista sin proteger a los viajeros “frente al posible fallo humano”. Para Lago Louro, esta omisión de deber, “en términos de contribución causal al resultado", "equipara dicho incumplimiento a la imprudencia del maquinista”. La competencia de evaluar y mitigar la inseguridad en Angrois, concluye el instructor, recaía en el departamento que dirigía Cortabitarte.