La nueva documentación sobre análisis de riesgos y amenazas en la línea Santiago-Ourense, realizada por las empresas que instalaron los elementos de seguridad y entregada sorpresivamente el lunes por el ADIF, fue actualizada en parte a partir del 26 abril de este año, aunque sufrió más modificaciones desde el 20 de mayo hasta el 16 de junio, según se refleja en el documento que se reproduce al lado. Es obvio que los análisis de riesgo se realizan antes de la puesta en servicio de la línea. De hecho, la mayoría de la documentación aportada se originó entre septiembre y noviembre del 2011. Pero en los documentos también se incluyen actualizaciones relacionadas con distintas amenazas detectadas después de la apertura de la línea. Algunas de ellas se cierran -se dan por solventadas- mientras que se crea alguna nueva alerta.

Distintas partes del procedimiento mostraron su sorpresa por la presentación de documentación que fue actualizada en el 2016. No obstante, hay que recordar que a las empresas no solo se les adjudicó la instalación de los elementos de seguridad y control de tráfico en la línea, sino que también asumieron el mantenimiento. «El hazard log [documentación donde se describen los peligros y amenazas en la línea] debe ser un documento vivo que hay que actualizar constantemente», aseguró un experto en gestión de riesgos que también analizó el dosier del ADIF.

De momento, la nueva información aportada por la Abogacía del Estado solo ha servido para suspender por segunda vez la vista en la que los peritos de la aseguradora de Renfe y el catedrático Enrique Castillo Ron iban a ratificar sus informes sobre los análisis de riesgo. Se celebrará finalmente el día 18. El instructor del caso, Andrés Lago Louro, considera que la presentación de estos informes, directamente relacionados con la ratificación pericial, «exige que con carácter previo (...) los peritos y las partes hayan tenido tiempo suficiente para conocer su contenido». De no suspenderse la vista, la ratificación de los peritos quedaría «seriamente mermada», aduce.

La documentación que el ADIF omitió «por error» ha generado múltiples reacciones. En Marea ya ha pedido la comparecencia del ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, y del presidente del ADIF, mientras que el BNG solicitará que el Parlamento gallego repruebe la actitud del Gobierno por ocultar información a las víctimas, informa Miguel Ascón.

Desde la plataforma de afectados, Jesús Domínguez acusó al ADIF de intentar «torpedear» la instrucción, mientras que el abogado del maquinista, Manuel Prieto, cree que la empresa actúa «con mala fe». Fuentes del ADIF explicaron que los documentos surgieron mientras se preparaba la defensa ante la vista y se vio procedente aportarlos.