Algo más de tres meses después de que la Audiencia Provincial de A Coruñaordenara reabrir la investigación judicial del accidente ferroviario de Santiago, el juez instructor dictó un auto que supone la reapertura efectiva del caso y la práctica de una serie de diligencias para investigar si la Administración evaluó correctamente el riesgo en la curva de Angrois. La primera de ellas consiste en que los peritos de la aseguradora de Renfe (QBE), Frans Heijnen y James Catmur, que fueron clave en la decisión de los magistrados, se ratifiquen en su informe inicial y en uno complementario que presentaron en julio siguiendo los criterios de la Audiencia. En ese nuevo informe, que se aporta como documento adjunto en el auto, los dos expertos consideran que, al no desplegarse ninguna tecnología de frenado automático en la curva de Angrois, el riesgo se elevó un 10 %, lo que significa que habría un descarrilamiento de un Alvia cada año. Consideran que este nivel de riesgo era «intolerable».El juez también solicita la ratificación del informe realizado por el catedrático Enrique Castillo Ron y que los tres peritos nombrados por el juzgado -Juan Carlos Carballeira Rifón, ingeniero de Caminos, César Mariñas Davila, ingeniero de Telecomunicaciones y José Manuel Lamela, ingeniero industrial-esclarezcan «de forma definitiva» si hubo una correcta evaluación de riesgos en la curva de Angrois, donde se produjo el accidente que causó 80 muertos y 144 heridos. Y les pide que intenten consensuar un único informe.

Se trata de valorar, aduce, «la relevancia causal de tales hechos como paso previo a dirimir ulteriores responsabilidades de orden penal», por lo que reclama de nuevo el auxilio técnico de estos tres profesionales. Para ello tendrán un plazo de tres meses y podrán recabar de la Administración -especialmente del ADIF y de la consultora pública Ineco- toda la documentación que sea necesaria. La vista para las ratificaciones de los dos peritos de QBE y de Castillo Ron se celebrará el próximo 29 de septiembre, justo después de la cita electoral del 25S.

En concreto, el juez Andrés Lago Louro exige a los peritos que dictaminen si existía una obligación normativa de realizar una evaluación integral del riesgo de la línea Santiago-Ourense que tuviera en cuenta el peligro de la curva. También deberán analizar si son correctas las conclusiones de los peritos de la aseguradora de Renfe sobre los niveles de riesgo en la curva y si, como ellos aseguran, existía un consenso técnico sobre la necesidad de proteger las transiciones significativas de velocidad como la de Angrois, donde el tren debía pasar de 200 por hora a solo 80 bajo la responsabilidad exclusiva del maquinista. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago también pretende que se dilucide si fue correcto exportar todos estos riesgos «al maquinista o Renfe».

Un consenso difícil

Lo curioso es que los peritos judiciales deberán realizar un único informe consensuado respondiendo a estos aspectos. Solo podrán emitir un dictamen individual si las discrepancias hacen imposible el acuerdo. Es fácil aventurar que las diferencias de criterio existirán. César Mariñas, el ingeniero de Telecomunicaciones, fue muy claro al respecto y en sus conclusiones adelantó las propias dudas de los magistrados de la Audiencia sobre la inexistencia de un proceso de evaluación de riesgos en Angrois. Se trata en realidad del único perito nombrado según las prácticas habituales de los juzgados, por sorteo entre los colegiados. Los otros dos son funcionarios de la Xunta que el Gobierno gallego aportó para ahorrarse los honorarios. El ingeniero de Caminos, Juan Carlos Carballeira Rifón, aunque descargó la responsabilidad sobre el maquinista, fue crítico con la evaluación de riesgos. El otro perito, José Manuel Lamela, se centró en todo lo referente al tren.

El instructor mantiene en el sumario el informe cuestionado por la UE

A raíz del informe de la Agencia Ferroviaria Europea sobre la falta de independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y las críticas de este organismo a su investigación sobre el accidente de Santiago, la Plataforma de víctimas del Alvia solicitó al juez que excluyera del sumario el informe de la CIAF. El instructor rechaza esta pretensión al considerar que carece de sustento jurídico. Según su criterio, las discrepancias sobre un dictamen deberían sustanciarse en el juicio oral. La expulsión del procedimiento, aduce, solo está prevista para diligencias de investigación o pruebas obtenidas ilícitamente o con vulneración de derechos fundamentales.