La acumulación de retrasos y otras alteraciones en el servicio de tren que se registraron en Cataluña la última quincena de septiembre han llevado a la Generalitat a abrir 125 expedientes sancionadores a Renfe que podrían acabar en una sanción de un máximo de 3,7 millones de euros.

Tras abrir expedientes informativos por estos hechos, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha anunciado hoy que las indagaciones realizadas han confirmado que se cometieron infracciones de carácter grave en la prestación del servicio, en aplicación de la reciente ley ferroviaria de Cataluña.

El conseller de este departamento, Lluís Recoder, ha asegurado en rueda de prensa que las posibles sanciones no responden a medidas recaudatorias, sino que con ellas se intenta forzar a Renfe a prestar un mejor servicio.

Según la información recabada por la Generalitat y facilitada por la propia Renfe, en el período analizado se suprimieron 87 trenes (62 de forma total y 25 de manera parcial) y sólo se habilitó transporte alternativo por carretera para 12 de estos convoyes.

En la documentación aportada, Renfe admite también que se produjeron 478 retrasos en la circulación de trenes, de los que 188 fueron superiores a los 15 minutos.

Las incidencias se produjeron en las doce líneas de trenes de Cercanías y Regionales de Cataluña, aunque tuvieron una incidencia especial en la R1, R2, R3 y R4.

Dado que las infracciones graves están castigadas con sanciones que van entre los 6.001 y los 30.000 euros por expediente, la Generalitat podría concluir dentro de tres meses, cuando finalice el trámite administrativo, que la multa a pagar alcance un máximo de 3,75 millones de euros.

"Contamos con cobrar. Evidentemente, no podemos entender que pase otra cosa que no sea que cobremos. Renfe no se puede saltar la ley", ha señalado Recoder.

En paralelo, la Generalitat ha llevado a cabo entre los días 15 y el 26 de octubre pasados cerca de 1.400 nuevos controles en Cercanías y Regionales y ha detectado 858 incidencias que podrían acabar en nuevos expedientes sancionadores.

Pocas horas después de informar de la apertura de estos expedientes sancionadores, el Ministerio de Fomento ha acusado a la Generalitat de "buscar confundir a la opinión pública" y ha recordado que el Govern acumula una deuda con Renfe de 291 millones de euros por la prestación de los servicios en Cataluña.

En un comunicado, Renfe ha asegurado que presentará alegaciones a los expedientes y que estudiará con sus servicios jurídicos "acciones para la defensa de sus intereses".

La compañía asegura que la Generalitat aún tiene pendiente la firma del contrato-programa que regula el servicio de Cercanías con Renfe Operadora. Este contrato tendría que estar vigente desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015.

El pasado mes de junio, el gobierno catalán, que gestiona el servicio ferroviario de Cercanías desde 2010, plantó al Ministerio de Fomento al negarse a firmar este contrato-programa mientras este ministerio no cumpliera con las inversiones prometidas en la red de Cercanías en Cataluña.

La compañía ferroviaria ha anunciado, asimismo, que ha interpuesto un recurso de reposición contra las nuevas condiciones generales de utilización de los servicios ferroviarios aprobadas "de forma unilateral por la propia Generalitat" el pasado 3 de octubre.

Por su parte, la Generalitat ha negado que tenga ninguna deuda con Renfe por la prestación de sus servicios en Cataluña y ha asegurado que es el Ministerio de Fomento el que debe pagar ya que el Govern se negó en su día a asumir el coste de unas competencias que le llegaban sin contraprestaciones económicas.