El Gobierno prevé un incremento significativo de la conflictividad laboral en 2013

04/10/2012 Amparo Estrada

Anticipa un aumento de casi el 25% en las huelgas de ámbito nacional. La huelga general podría convocarse el 14 de noviembre, el mismo día que los portugueses.

El Gobierno prevé un incremento significativo de la conflictividad laboral y de las huelgas el próximo año, que estará motivado en gran medida por las movilizaciones en el sector público. Los recortes y los ajustes en el gasto público han calentado la protesta social.

Este domingo hay convocadas manifestaciones en todas las capitales de provincia. Y a las movilizaciones que se suceden desde hace meses es prácticamente seguro que se sume una huelga general en noviembre. Huelga con una característica nueva: se quiere realizar de forma coordinada en todos los países del sur de Europa, que son los que más sufren las políticas de austeridad y ajuste. El mayor sindicato portugués, la CGTP (comunista), ya ha convocado huelga general, la tercera en 16 meses de Gobierno conservador, el 14 de noviembre. Esa es la fecha que los sindicatos analizan porque es la que hay que tener en cuenta con el fin de hacerla simultánea.

Pocos pensarán que con esta huelga general va a acabar la conflictividad. Y, desde luego, uno de los que no lo piensan es el Ministerio de Empleo, encargado de autorizar las huelgas cuya ejecución excede el ámbito autonómico. En sus previsiones para 2013, incluidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, recoge la tramitación de 80 huelgas de ámbito nacional, un 23% más que las 65 incluidas como ejecución prevista para 2012. Evidentemente, estas 80 no serían todas las huelgas que se llevarían a cabo el próximo ejercicio, porque no se incluyen las que se realizan sólo en una provincia o comunidad autónoma y que se comunican a la administración autonómica.

Una de las principales causas del aumento de la conflictividad anticipada por el Ejecutivo es la protesta en el sector público, tanto en la administración como en las empresas y servicios públicos. Los motivos que exponen los funcionarios y empleados públicos están a la vista: a la retirada de la paga extra de Navidad este año -lo que supone una rebaja del sueldo del 7%- se suma la congelación salarial para 2013 y la supresión de los días libres a que tenían derecho por antigüedad, conocidos como los 'canosos', y de más de la mitad de los 'moscosos'. La pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos cuatro años, según CSIF, es del 30%. A ello se añade que en empresas como Renfe, Adif y Feve se afronta una liberalización que ya ha provocado la convocatoria de varias jornadas de paro por el temor a la privatización y reducción de plantilla.

Ha habido paros sucesivos en el transporte público de Metro y autobús de Madrid y Barcelona. En el País Vasco ya han tenido una huelga general en septiembre convocada por los sindicatos nacionalistas contra los recortes del Gobierno. Suma y sigue. El otoño va camino de situar el año 2012 en la parte alta de conflictividad, aunque hasta el verano no era así. Según los datos del Boletín de Estadísticas Laborales, el año con mayor número de huelgas en la última década fue 2009 con más de mil huelgas y 653.000 participantes.

Para Comisiones Obreras, que el Gobierno anticipe un aumento de la conflictividad en el sector público puede obedecer a que «si pide el rescate, pueda haber alguna medida sobre los empleados públicos que no está contemplada aún en los presupuestos», explica Fernando Lezcano, secretario de Comunicación de CCOO. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, asegura que es el Gobierno el que «está provocando esa conflictividad». Según Ferrer, los sindicatos quieren «buscar soluciones», pero son «ninguneados» por el Ejecutivo «porque quiere ir solo». Para el responsable de Acción Sindical de UGT «cada vez va a haber más personas que se vean obligadas a defender sus derechos mediante la huelga o protestando en la calle», aunque reconoce que el miedo a perder el empleo es uno de los elementos que más retrae a los trabajadores a la hora de hacer huelga.

Fuentes del Ministerio de Empleo consultadas advierten que las cifras incluidas en los Presupuestos de 2013 son «previsiones» para valorar el «volumen de trabajo» que tendrán y que se han hecho desde una óptica «conservadora con un ligero sesgo al alza». En todo caso, reconocen que «en el actual escenario económico no es descartable un incremento en los instrumentos que canalizan los conflictos en relaciones laborales». En concreto, el ministerio cita las «mediaciones en conflictos colectivos, huelgas y expedientes de regulación de empleo».

La conflictividad en el sector privado dependerá de la negociación colectiva y de la evolución de los expedientes de regulación de empleo. La reforma laboral ha incrementado la conflictividad en términos de litigios y recursos judiciales, según el balance presentado por UGT sobre los primeros seis meses de aplicación. Los conflictos tramitados en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) se han elevado a 215 en estos meses, casi los mismos que en todo 2011 (243). Los procedimientos relacionados con la reestructuración de empresas han crecido significativamente: 65 en los primeros meses de 2012 frente a 48 en todo 2011. UGT destaca asimismo que los convenios que incorporan la cláusula de jubilación forzosa se han reducido del 52% al 15%, lo que no es extraño puesto que la reforma laboral las considera nulas. Por el contrario, la reforma laboral no ha conseguido que se incremente el porcentaje que los convenios de empresa representan sobre el total: están en el 74% del total y cubren al 9% de los trabajadores cuando el año pasado representaban el 76% para el 8,85% de los asalariados. Lo que sí ha aumentado es el número de trabajadores pendiente de negociar su convenio: sigue sin cerrarse el 43,5% de los convenios, que afectan a 1,88 millones de trabajadores, el 34,2% del total.