Los juicios celebrados contra grafiteros acusados de atentar contra el patrimonio de Renfe aumentaron un 32% en 2018. En total, se celebraron 66 vistas judiciales que la operadora ferroviaria utilizó para reclamar más de 360.000 euros, lo que representa el 2,4% de los gastos anuales "que la empresa asume por estos actos vandálicos", pues, de acuerdo a los datos que ha difundido a través de un comunicado, las cifras sobrepasan los 15 millones de euros anuales.

El montante se concentra en "la limpieza de trenes, pinturas, agua, disolveentes, traslados a talleres o movilización de persona, entre otros conceptos", costes a los que hay que sumar "los gastos anuales en medios destinados a la vigilancia y seguridad", lo cual supondría otros 10 millones adicionales, según explica la compañía pública, que desde su Dirección de Seguridad "colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado facilitando la identificación de los grafiteros".

Las detenciones de estos grupos, "cada vez más violentos y organizados", sigue una tendencia al alza. Tanto es así que en lo que va de 2019 el número de juicios sigue en aumento, con un 82% más de procesos que en las mismas fechas del año pasado. La mayoría de "actos vandálicos" tiene lugar en trenes de Cercanías, donde el 'modus operandi' suele ser accionar indebidamente la alarma de los vagones cuando prestan servicio.

ELSe trata de un método "que provoca molestias y demoras a los viajeros", pero que además "pone en riesgo" la propia integridad de los grafiteros al saltar a las vías por las que pueden circular otros trenes, aclara Renfe. La retirada del servicio de transporte que brindan los vehículos afectados puede extenderse entre uno y siete días, "dependiendo del tamaño de la pintada", así como "afectar a la programación diaria de los trenes".