CHM, una de las principales constructoras de la Comunidad Valenciana, propiedad de la familia Martínez Berna y cuyo grupo empresarial ya fue condenado por financiar de forma ilegal al Partido Popular a través de la trama Gürtel, volverá a sentarse en el banquillo. Esta vez con motivo del fraude de las obras de la línea de alta velocidad entre Crevillente y Murcia.

Construcciones Hormigones Martínez SA (ahora conocida como CHM Infraestructuras) es una de las ocho constructoras acusadas de formar parte de un complejo entramado empresarial -investigado por el juzgado de Instrucción número nueve de Murcia- cuyo objetivo era un presunto desvío de fondos públicos procedentes de ADIF (entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento que se encarga de la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación). Según la investigación, se libraban facturas falsas por trabajos inexistentes; estos costes ficticios son los que habrían permitido el cobro presuntamente indebido de los importes librados con cargo al presupuesto de ADIF.

Hormigones Martínez era una de las empresas adjudicatarias de unos de los tramos del AVE a Murcia. Concretamente el de San Isidro-Orihuela, obra ejecutada bajo la fórmula de unión temporal de empresas (UTE) con Dragados (ACS) y Tecsa. La juez instructora, en un auto del 23 de enero, ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado, lo que pone a los acusados, más de 50 personas, a las puertas del juicio oral. Según consta en el auto, Hormigones Martínez (sus directivos implicados y la propia empresa como persona jurídica) serían juzgada como autora de los delitos de estafa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales e insolvencia punible. El resto de constructoras también se enfrenta a estas acusaciones.

La investigación se inició en 2015, tras una denuncia de la Agencia Tributaria que ponía de manifiesto presuntas irregularidades fiscales, canalizadas a través de un entramado de empresas sin actividad, emisoras de facturas falsas, que habrían permitido, en última instancia, un desvío de fondos del presupuesto de ADIF que podría rondar los 9,8 millones de euros. En estas actuaciones judiciales se han investigado los contratos de ejecución de determinadas obras de reposición de infraestructuras hidráulicas y canalizaciones en la huerta de la Vega Baja afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad. Se ha investigado a las empresas constructoras integrantes de las cuatro UTE (encargadas de los cuatro tramos de la línea del AVE de Crevillente a Murcia) además de a responsables de ADIF. Como investigados se encuentran también responsables del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri (gestores de la red hidráulica afectada por las obras y entidad que tenía que dar su visto bueno para los trabajos). Las diligencias también se dirigen contra el director e interventor de una sucursal bancaria de Caixabank en Santomera.

Los números

La UTE formada por Dragados, Hormigones Martínez y Tecsa facturó a ADIF por sus trabajos (tramo de 9,5 kilómetros entre San Isidro y Orihuela) la suma de 9.540.875,27 euros. La juez ha examinado al detalle todos los costes de las obras, y explica en su auto que «del análisis de la documentación aportada por la UTE para justificar la obra realmente ejecutada, llama la atención las importantes desviaciones en la justificación de la partida correspondiente a las tablestacas [un tipo de pantalla que se usa en los trabajos de reposición hidráulica]».

Según la magistrada, se intentó en la documentación aportada por la UTE las facturas que justificarían los costes soportados por la obra; no obstante, «nos encontramos -dice la juez- con que no aparece ninguna factura o documento ni como coste directo ni como coste indirecto relativo al suministro de este material». La magistrada añade que teniendo en cuenta que la UTE no justifica adquisiciones de este material «en cuantía suficiente, cabe calificarlo como coste ficticio que habría permitido el cobro presuntamente indebido de los importes librados con cargo al presupuesto de Adif». El coste de este material habría ascendido a 1,8 millones de euros. Si a esta cantidad se suman otras mal calculadas o no justificadas por parte de la UTE en la que participó Hormigones Martínez, el resultado del dinero cobrado de más es muy superior.

De este modo, se afirma en el auto que «la UTE habría percibido fondos públicos procedentes del presupuesto de ADIF de forma presuntamente indebida por un importe total de 4.978.783,59 euros (IVA incluido), lo que representa el 52,18 % del total de fondos librados por Adif».

Asimismo, el informe final de la auditoría técnica de los expedientes de gasto aprobados por ADIF para la reposición de servicios afectados de riegos e infraestructura hidráulicas en los tramos de las obras de la plataforma del AVE que discurren entre Elche y Murcia certifica las cantidades que presuntamente no están debidamente justificadas. Dicho informe ha sido ratificado en sede judicial y aclarado a petición de las partes mediante informes complementarios.

Así, el informe cuantifica la posible malversación de caudales públicos, llegando a un total de 23 millones de euros (sin IVA). En el caso de la UTE de Dragados, Tecsa y Hormigones Martínez, se habrían malversado, según este informe, 2.826.397,77 euros. Los otros 21 millones malversados serían responsabilidad del resto de las constructoras implicadas en la trama (Acciona, Construcciones Villegas, Sacyr, Neopul y Constructora San José).