La presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera Posada, y el presidente de RENFE, Isaías Táboas, no comenzaron con buen pie su mandato. La Confederación General de Trabajadores (CGT), convocó huelgas el 27 de julio y el 31 de octubre para reivindicar un modelo de ferrocarril distinto al TODO AVE, en el que “se inviertan más recursos en garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía, o lo que es lo mismo, invertir en trenes de cercanías y media distancia.  También, por la mejora de las condiciones laborales y especialmente, por la aplicación de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 h semanales como demanda la Ley de Presupuestos 6/2018”.

La resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publicó el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, preveía la reducción de la jornada laboral en las empresas del sector público, si se daban ciertas condiciones y siempre que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este punto se cumplió el pasado 3 de julio cuando se aprobó la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en la que en su disposición adicional 144ª establece la jornada semanal de 37 horas y media en su contabilización anual para el personal funcionario y para todos los de empresas y entidades públicas, entre las que se encuentran ADIF y Renfe.

El texto señala que “a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan” también señala que “quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición.”

Sin respuesta por parte de ADIF y de Renfe

Ante esta nueva situación, el sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT), se dirigió a las dos empresas públicas en el mes de julio para que se iniciara el proceso negociador, sin que hasta este momento estas empresas hayan contestado. Ante este silencio, el pasado 22 de agosto, CGT también se dirigió al actual Secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Pedro Saura, para que instase a las Direcciones de las dos empresas públicas para que actuaran: Isabel Pardo de Vera (hermana de la directora del diario Público), como presidenta de ADIF e Isaías Táboas como presidente Renfe. En esta misiva se solicitaba que convocaran los respectivos Comités de Empresa y que, en el seno de los mismos, se llevara a cabo la obligada negociación para la implantación de la jornada aprobada por Ley, de 37 horas y media, computándose ésta de forma anual.

A pesar de todo esto no se ha obtenido aún respuesta y el silencio es extensivo a otros sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO), y la Unión General de Trabajadores (UGT). Un mutismo que puede costar muy caro en cuánto está condicionando la reestructuración de su plantilla y futuras nuevas contrataciones.