diariodeleon.es
11 septiembre 2018
Feve se dejó dos de cada tres viajeros en los siete años que se arrastran de integración
Los trabajadores alertan de que la empresa estatal busca justificar el cierre con un servicio prestado casi en precario.
Habrá una nueva marcha, tras las dos celebradas en 2014 y la de 2016, para reclamar la apertura de Feve, que sigue parada. RAMIRO -
álvaro caballero | león
Al atardecer del 18 de septiembre de 2011 salió el último tren de la estación de Matallana. Se espera que la terminal de la avenida Padre Isla volviera a funcionar como muy tarde a principios de 2013. Pero, a punto de cumplirse la próxima semana siete años del hito, los convoyes continúan sin pasar de la parada de La Asunción, a casi dos kilómetros del centro de la ciudad. En este tiempo, la demora de las obras y la degradación del servicio, con frecuencias que tienen que ser transbordadas en autobús, falta de maquinistas y revisores, maquinaria estropeada y desidia de la dirección, han dejado un rastro de pérdidas en la vía estrecha. La sangría la demuestra la estadística de viajeros: en este tiempo, dos de cada tres personas que antes viajaban en el ferrocarril que vertebra las comunicaciones con toda la ribera del Torío, Boñar, Cistierna y Guardo se ha bajado.
La caída se resume en la distancia que hay entre los 329.011 viajeros que contabilizó la línea en el año 2010, último completo antes del cierre, y los 110.280 que se registraron en el pasado ejercicio. Por anualidades, en la primera se quedaron fuera 40.434 usuarios, en 2012 la rebaja fue de otros 61.754, en el año siguiente el bajón añadido alcanzó los 6.959 billetes, en 2015 ya había 41.847 menos, en 2016 la merma alcanzó los 48.210 y en 2017 terminaron de apearse de los trenes 19.528 personas. En total, 218.759 viajeros, un 66,49% de los que había cuando Feve empezó con la integración ferroviaria de la traza por la que discurre en la capital leonesa. Los datos son más alarmantes en la frecuencia diaria del regional a Bilbao, que ha pasado de 29.278 transportados en el comienzo de la integración a poco más de 4.200 ahora: un 85,6% de bajón en estos siete años.
Pese a que la pérdida de viajeros es grande, los datos de caída son mayores aun por la falta de revisores en los trenes. Una parte importante de quienes se suben a los convoyes cada jornada «lo hacen sin billete», como reconoce el sindicalista Fulgencio Bandera, quien insiste en que es imposible fijar el número de usuarios reales que no han abandonado.
Esta disfunción tiene «un objetivo claro», apunta el representante de los trabajadores, quien recalca que los responsables de la compañía estatal quieren «hacer ver que no hay demanda para poder justificar que no es viable mantenerlo y, de esta manera, poder cerrarlo, pese a su necesidad y que se trata de un servicio público gracias al cual se mantenían abiertas muchas casas en los pueblos». «Luego se les llena la boca de que quieren luchar contra la despoblación», concede el portavoz de los empleados.
El análisis de los trabajadores de la empresa se apoya en la radiografía de la situación de la plantilla, donde apenas se cuentan dos mecánicos, la mitad de los interventores ya no están y los maquinistas no llegan para cubrir los servicios. Los medios humanos disponibles, unidos a un parque de material envejecido y sin piezas de recambio en algunos casos, ocasiona que no haya quién controle la entrada en muchas paradas, que sea común que los usuarios tengan que saltar los tornos y que, en mitad de una frecuencia, se baje a los viajeros en una parada en un pueblo de la ruta y se les informe de que deben subirse a un autobús para poder completar el trayecto. Sin contabilizar estas eventualidades, el servicio de bus de apoyo desde la parada de La Asunción hasta el centro le cuesta a Feve 700 euros diarios. «Esto no pasa ni en el tercer mundo», sentencia Bandera, quien forma parte además del comité ejecutivo de la UPL. Desde la formación ya han avisado al nuevo Gobierno socialista de que si no resuelve la situación, arrastrada de los ejecutivos anteriores del PP, les denunciarán por malversación de caudales públicos.
