La Comisión Europea (CE) ha tumbado la pretensión del Gobierno de España de integrar Adif y Adif Alta Velocidad (AV) en una única sociedad. La fusión, que habría rectificado la escisión que se produjo hace apenas cuatro años, buscaba mejorar la gestión de las infraestructuras ferroviarias y dotar a la nueva Adif de una mayor flexibilidad para obtener financiación que permitiera cumplir los compromisos de inversión y de calendario de AVE. Bruselas ha rechazado que los cánones que el gestor ferroviario cobra a Renfe puedan considerarse como ingresos de mercado, lo que impide la operación.

El Ministerio de Fomento planteó la unión de ambas empresas tras el cambio introducido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 por el que Adif ya no es quien recibe la subvención del Estado por las Obligaciones de Servicio Público (OSP), sino que lo reciben directamente los operadores (Renfe). Así, desde entonces Adif cobra a Renfe por los cánones por uso de las infraestructuras.

La Unión Europea impone la liberalización del sector ferroviario en 2020

Ante aquella modificación, Fomento solicitó el año pasado a Eurostat, dependiente de la CE, que dirimiera si el cobro de estos cánones puede atribuirse como ingresos de mercado, tal y como adelantó en enero elEconomista. En tal caso, Adif podría ser considerada como una sociedad no financiera y no como una entidad dependiente exclusivamente del Estado. Este paso era imprescindible para poder llevar a cabo la integración de las dos empresas, en un proceso que también debía contar con el visto bueno de Hacienda.

Sin embargo, la respuesta de Bruselas, remitida el pasado mes de julio, ha sido negativa. Según fuentes conocedoras, la CE estima que el sistema de costes de la empresa pública es abierto y transparente y se basa en las directivas europeas (RECAST, de 2012), pero no acaba de estar segura de que, en el momento de la liberalización de las cercanías, ese fuera el precio del canon a aplicar. En consecuencia, "deber ser considerado un ente público".

La Unión Europea impone la liberalización del sector ferroviario en 2020. No obstante, las normas europeas permiten que los servicios públicos de cercanías y media distancia puedan seguir siendo adjudicados directamente a Renfe, sin competencia, al menos hasta 2023. No ocurre lo mismo en el transporte de viajeros de alta velocidad, cuya liberalización es obligatoria a partir de 2020. Con ese horizonte se plantea la unión de Adif y Renfe, aunque todavía no está en la agenda del actual Gobierno.

Con la negativa de Bruselas, Adif continuará siendo financiada por los Presupuestos del Estado

Con la fusión, Fomento quería mejorar la gobernanza de la red ferroviaria, toda vez que la escisión ha propiciado duplicidades que han afectado a la gestión y la eficacia de los recursos humanos y de los procesos de contratación. Además, se facilitaría el acceso a la financiación. Según su planteamiento, la nueva Adif seguiría teniendo acceso a los mercados financieros y, además, la deuda no repercutiría en el déficit. Solventaría de este modo las dificultades para obtener recursos con los que cumplir los plazos de obra y recibir así los fondos europeos comprometidos.

Con la negativa de Bruselas, Adif continuará siendo financiada por los PGE y Adif AV con el BEI, los mercados de deuda y las entidades financieras.

La segregación de Adif se produjo en 2013. Implicó la asignación a Adif AV de todos los activos de alta velocidad y de algunos tramos de la red convencional, mientras que Adif se quedó con toda la red de cercanías y de media y larga distancia, incluidos algunos tramos que pasarán a formar parte de Adif AV. La medida permitió desconsolidar como déficit público los más de 16.000 millones de euros de deuda.