El Gobierno ha decidido nombrar esta semana a Jordi Garcés-Ferrer, catedrático de la Universidad de Valencia, como presidente de la empresa pública Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), según confirman fuentes del Ministerio de Fomento, del que depende la compañía. El docente, próximo a José Luis Ábalos, responsable de la cartera, fue condenado junto a la Universidad en el año 2000 por el Tribunal Supremo por apropiarse del proyecto de un alumno en la Escuela Universitaria de Trabajadores Sociales, según publicó entonces EL PAÍS. Garcés mantiene, casi veinte años después, que aquella resolución fue un "error" de la Justicia, que a él le tocó asumir la responsabilidad porque le habían puesto como responsable del proyecto y que el trabajo de aquel estudiante se elaboró en equipo.

"No hubo plagio", añade el profesor, que está previsto que se haga cargo de una empresa pública dedicada a la ingeniería civil, con proyectos en más de 50 países y 2.500 trabajadores. Entre sus funciones se encuentra la de supervisar las obras del AVE entre las ciudades saudís de Medina y La Meca. Jordi Garcés-Ferrer, con formación en filosofía, psicología y ciencias sociales, se ha dedicado durante más de 30 años a la docencia y la investigación. Según consta en su currículum, ha ocupado la Cátedra Príncipe de Asturias en Washington y es director y fundador del Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social de la Universitat de Valencia y fundador de ECUSA (Españoles Científicos en USA). También ha recibido el reconocimiento Honoris Causa de la Universitat Jaume I de Castellón, la UNAE de Paraguay y de la Universidad de San Pedro de Perú. El cargo de presidente de Ineco cuenta con 105.000 euros de retribución fija, un complemento "de puesto" de 30.850 euros y otro complemento variable de hasta 14.150 euros

Según consta en la sentencia, en la década de los noventa, Garcés figuraba como director del proyecto de un alumno que contaba con una subvención de la ONCE y que trataba propuestas relacionadas con las dificultades de acceso de los discapacitados a las distintas dependencias de la Universidad. Según la resolución de la Sala de lo Civil del Supremo, el estudiante —que tenía limitada la capacidad motora y de expresión a causa de una parálisis cerebral— había tenido la "idea original" y también había conseguido la subvención de la ONCE para sufragar los gastos del trabajo. "El documento presentado como el manuscrito inicial del proyecto es casi copiado literalmente por el proyecto presentado ante la Universidad", añaden los magistrados, que entran de lleno en el debate sobre qué es una obra individual o colectiva. Porque los demandados alegaron que ese trabajo se había hecho en equipo.

En esta segunda versión ahonda Garcés. Según explica el catedrático, él estaba en ese momento en la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad de Valencia le asignó el proyecto como investigador. Entonces, organizó un grupo para hacerlo y trabajaron en equipo para llevarlo a cabo. Descontento con el desarrollo, el estudiante manifestó su protesta ante la autoridad universitaria, que le separó del proyecto. El caso saltó entonces a los tribunales. El juzgado de Primera Instancia dio la razón al alumno, que ya había inscrito antes el proyecto en el Registro de la Propiedad Intelectual a su nombre. La Audiencia Provincial falló, en cambio, a favor de los demandados. Pero el Supremo, finalmente, volvió a dar la razón al estudiante y condenó al catedrático y a la Universidad a indemnizar al alumno "por daños morales en 5.000.000 de pesetas" (30.000 euros).