eldiario.es

18 junio 2018

Fiscalía abre diligencias por los supuestos sobrecostes de 14 millones en la compra de trenes de FGV

El fiscal debe decidir ahora si existe base para abrir una investigación y, en caso de que así sea, si remite el caso al juzgado o si presenta una denuncia.

Una investigación interna encargada por la dirección de la empresa pública reveló un carrusel de irregularidades entre los años 2000 y 2007.

14/06/2018 - 13:26h
Un convoy de Metrovalencia en la estación de Alameda.

Un convoy de Metrovalencia en la estación de Alameda.

La Fiscalía de València ha incoado diligencias previas tras recibir toda la documentación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) relativa a los presuntos sobrecostes de 14 millones de euros en la compra de trenes entre los años 2000 y 2007.

Así lo han confirmado fuentes del ministerio público a eldiario.es, las cuales han añadido que este paso es el trámite normal cuando se recibe documentación por registro.

Las mismas fuentes han explicado que el fiscal encargado del caso debe decidir ahora si existe base para abrir una investigación y, en caso de que así sea, si remite el caso al juzgado o si directamente presenta una denuncia.

El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) acordó el pasado 28 de mayo  trasladar simultáneamente a Fiscalía y a la Intervención General de la Generalitat la auditoría encargada por este órgano y en la que se ponen de manifiesto presuntas irregularidades en la adquisición de trenes y suministros en seis expedientes correspondientes a la etapa del PP en la que Marisa Gracia fue gerente de la empresa.

Como informó eldiario.es, el informe destaca la aparición de sobrecostes sin estar debidamente justificados por un valor de alrededor de 14 millones de euros entre los años 2000 y 2007.

Además, la dirección de la empresa no aplicó a las adjudicatarias penalizaciones por valor de 1,3 millones de euros por los retrasos en la entrega de trenes, cuyos plazos en muchos casos fueron modificados.

El documento  cuestiona también la compra en el año 2007 de 42 trenes (22 de cuatro vagones, más 20 coches remolques intermedios) por un valor de 186 millones de euros, puesto que el objeto del contrato de la compra de los trenes era cubrir la prolongación de la línea 1, cuando dicha prolongación ni siquiera se había licitado.

El mencionado proyecto se presentó a las pocas semanas del accidente de metro que dejó 43 muertos y 47 heridos y consistía en eliminar la curva del accidente (entre plaza de España y Jesús) mediante la prolongación de la línea 1 desde plaza de España hasta la nueva Fe. Una actuación que no solo no se había licitado en el momento de la compra de los trenes, sino que nunca se ha ejecutado.

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