El 4 de diciembre de 2017, hace seis meses, era la fecha tope en la que deberían haber desaparecido en España todas las barreras arquitectónicas en todos los espacios púbicos y privados, de acuerdo con el Decreto 1/2013 que desarrolla la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Pero hay una clara excepción, para perjuicio de las decenas de miles de personas con discapacidad o los que llevan carritos de bebé, más de 4 millones de españoles: el sector ferroviario, tanto en sus trenes como en las Estaciones. Tanto la operadora de trenes RENFE, presidida todavía por Juan Alfaro, como la Administradora de las Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que dirige Juan Bravo, como responsable de las Estaciones, parecen no querer enterarse del obligado cumplimiento de esta Ley.

Así lo ha denunciado la Confederación General del Trabajo (CGT), que señala que, a día de hoy, en España existen 346 Estaciones de tren que no están adaptadas a personas con discapacidad y por tanto a la Ley. De igual forma, aún quedan cientos de trenes que, por su antigüedad y la falta de inversión para su adaptación, siguen sin poder ser utilizados por los viajeros con serios problemas de movilidad.

No todo es AVE y grandes infraestructuras

La realidad es que el Ministerio de Fomento de Iñigo de la Serna gasta miles de millones de euros en Infraestructuras como nuevas vías de Alta Velocidad, algunas de las mismas altamente deficitarias, pero de gran impacto mediático, mientras que se descuidan otras que usan miles de ciudadanos al día, como algunas Estaciones de Cercanías de grandes ciudades que carecen de acceso adecuado para discapacitados. En RENFE existe actualmente un servicio de ayuda a los viajeros de Atención y Asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida (ATENDO), pero esta prestación da cobertura solamente a 135 Estaciones de un total de 2.500 aproximadamente, que componen el entramado ferroviario español; es decir, apenas un 6% del total. Estos datos dejan claro que se trata de un servicio insuficiente para garantizar los derechos de los usuarios con movilidad reducida.

La Fiscalía Provincial de Valencia ya se ha hecho eco de la demanda de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), por la situación de desamparo y discriminatoria que sufren las personas con discapacidad y movilidad a la hora de utilizar algunos servicios de Cercanías, por el claro incumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a la discriminación de las personas por carencias en la accesibilidad en el transporte y que afecta a toda España.

Son muchos los viajeros y Asociaciones de estos colectivos las que a lo largo del tiempo han denunciado problemas, sin que hasta la fecha se haya apostado seriamente solventarlos por parte de la Administración.