Gijón-Laviana iba a ser la primera línea que dispusiera de trenes-tranvía (tren-tran), un tipo de ferrocarril capaz de penetrar en las ciudades y compartir calles con los coches. Principado y Feve hablaban de ello hace diez años, antes de la crisis, asegurando que la región contaría con varios anillos o líneas diseñadas para este tipo de material. Era una ambición que nunca se realizó, y que a punto ha estado de costarle al Ministerio de Fomento 19 millones más, un desembolso notable, similar al que se precisa para terminar de equipar el soterramiento de Langreo, por ejemplo.

Una sentencia de la Audiencia Nacional acaba de librar a la administración de esa factura y zanja por ahora el pleito que mantiene desde 2010 con el fabricante Vossloh. La empresa valenciana reclamaba el pago de esos fondos argumentando que a ella le habían encargado unidades de tren-tran y no tenía responsabilidad en el fiasco posterior del proyecto. Tras analizar los pedidos, los magistrados sin embargo concluyen que «las circunstancias concurrentes en este procedimiento de contratación son llamativamente contrarias al interés público y a los principios inspiradores de la contratación administrativa».

El caso está plagado de irregularidades, según los informes de la Intervención y la Abogacía del Estado. En 2009 Feve licitó un concurso abierto para encargar cuatro unidades de tren-tran. Tres empresas se presentaron, pero la sociedad ferroviaria declaró desierta la puja al considerar que ninguna propuesta era «adecuada». Meses después abrió un proceso de negociación con los mismos tres fabricantes, para hacerles un pedido similar, llegando a un acuerdo con Vossloh para entregar el suministro por 15,2 millones.

Lo sospechoso es que en los pliegos de condiciones técnicas y particulares, se introdujeron algunas frases que abrían la puerta a ampliar la remesa. Un mes después de firmar el contrato, se pidieron tres trenes-tranvía más, por 11,7 millones, y unos días más tarde se suscribió un convenio para 24 unidades más. La dinámica siguió más adelante.

«Esta sala entiende que en el procedimiento de adjudicación se ha vulnerado no solo el principio de transparencia, sino de manera flagrante» un artículo de la ley que rige la contratación, expone la sentencia. Los magistrados consideran que el concurso organizado no permitía hacer esas ampliaciones de pedidos sin permitir que otros aspirantes pujasen por ello. Por ese motivo respalda que Fomento dé por anulado el encargo firmado.