El Gobierno no quiere más interferencias de las necesarias en lo que parece perfilarse como la recta final de la Operación Chamartín. Con el equipo de gobierno de Manuela Carmena dispuesto al fin a llevar la aprobación inicial del proyecto a Consejo de Gobierno el próximo mes de julio y el Ministerio de Fomento, Adif y la promotora de la macroactuación urbanística, Madrid Castellana Norte, dispuestos por su parte a aceptar las últimas modificaciones en forma de nuevos recortes de edificabilidad marcados por el Consistorio, el que pasa por ser el mayor proyecto inmobiliario de Europa está más cerca que nunca de convertirse en realidad.

Pero el diablo se esconde en los detalles y la sintonía alcanzada en las líneas generales del proyecto en aras del bien mayor de poner en marcha un plan que lleva dando tumbos desde 1997 oculta diferencias entre los actores respecto al modo de desarrollarlo. Una de las más relevantes atañe a la compensación económica que le corresponde a Adif en virtud del convenio suscrito en su día con los promotores de la por aquel entonces conocida como Operación Chamartín (BBVA, con un 75% de la sociedad promotora, y Grupo San José, con un 25%), por la que se cedía a éstos la explotación de los terrenos en la zona del gestor ferroviario.

El acuerdo alcanzado valoraba los terrenos de Adif y Renfe en 1.200 millones de euros y preveía el pago de dicha cuantía en una sola tacada en el momento en que el proyecto fuera una realidad. Las sucesivas reducciones de edificabilidad impuestas por el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, han modificado las condiciones iniciales de ese acuerdo y es ahí, en la eventual renegociación de esa compensación, donde se han empezado a agriar las relaciones entre Adif y los promotores de la operación Castellana Norte, según ha publicado 'El Confidencial'.

El conflicto se ha filtrado hasta el Gobierno y lo ha situado ante la complicada tesitura de decantarse por defender los intereses de Adif, y por tanto de las arcas públicas, exigiendo la mayor compensación posible por los terrenos del gestor ferroviario y de Renfe en la zona de Chamartín, o bien erigirse en árbitro salomónico para engrasar una solución que habilite una salida que no ponga nuevos obstáculos a un proyecto en cuyo desarrollo tiene un notable interés.

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes una una modificación de la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, que entró en vigor al día siguiente tras su publicación en el BOE, en virtud de la cual la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda asumía las competencias de "superior dirección, evaluación y control" sobre un conjunto de entidades públicas adscritas al Ministerio de Fomento entre las que se encuentra Adif. A efectos prácticos, la modificación supone trasladar 'de facto' del ministro Íñigo de la Serna a Julio Gómez Pomar la responsabilidad de supervisar las actuaciones de Adif y del resto de entidades públicas empresariales dependientes del Ministerio.

Control reforzado sobre ADIF

Según fuentes gubernamentales, el movimiento no tiene nada de gratuito y responde a un interés expreso de Moncloa por hacer lo posible para que la macrooperación urbanística salga adelante sin más obstáculos de los estrictamente necesarios.